Riesgos mineros

Desde hace menos de una década el área titulada para la exploración y la explotación minera era de 1,1 millones de hectáreas, en 2009 esta cifra ascendió a 8,4 millones y al cierre del gobierno Uribe quedaron 40 millones de hectáreas en estudio por Ingeominas. Aprovechando la coyuntura, el gobierno Santos, en su amplio conjunto de metáforas,  anunció la locomotora minera y le encargó la tarea de jalonar el crecimiento. La nueva administración fue cuidadosa con lo que hubieran sido tiempos de bonaza de no ser por el invierno y dedicó buena parte de sus esfuerzos a replantear el sistema de regalías y en implementar la regla fiscal. No obstante, y sin negar la necesaria preocupación por los efectos macroeconómicos, el Gobierno no debió pasar por alto que su locomotora andaría sin rieles.

La falta de instituciones no era nueva, pero si el caso era seguir presionando el crecimiento del sector, debió haber quedado claro que 16 funcionarios no eran suficientes para supervisar cerca de 3.000 minas legales que hay en el país, sin hablar de la minería ilegal. En 2010 se registraron 84 accidentes, que dejaron 173 víctimas fatales, y este año comenzó con la explosión de la mina de Sardinata, en Norte de Santander, la semana pasada, en donde 21 mineros perdieron la vida. El presidente Santos, luego del suceso, anunció un revolcón en Ingeominas y la realización de un total de 5.803 visitas de control y seguimiento. Una acción que parece pronta y contundente. Sin embargo, al igual que la restructuración de las CAR —que terminó siendo inconstitucional— es improvisada, insuficiente y mediática. Cada día es más claro que el Gobierno, a pesar de sus promesas, no sólo no cuenta con la capacidad institucional para encarrilar la actividad minera, sino que, además, al parecer carece de planes ambiciosos y estructurados para hacerlo.

Si, como está estampado en los documentos oficiales, se pretende que Colombia, en el futuro inmediato, sea un país que fundamente buena parte de su desarrollo en los excedentes de la minería, es necesario que el Gobierno comience a tomarse en serio las amenazas al sector. En especial, porque como con los temas ambientales, con la seguridad de los mineros está perdiendo credibilidad. La palabra oficial sobre estas áreas es cada vez más retórica y no sería de sorprender que la ciudadanía se comience a movilizar. Por desgracia, los mineros, que arriesgan a diario su vida, son parte de los segmentos más pobres de la población. Su voz, sin embargo, está siendo tomada por otros y, anudada a la de los ambientalistas, se está dejando claro que la minería podría ser uno de los lunares negros de este gobierno.

Es una responsabilidad nacional ejercer, de manera efectiva, un control sobre esta actividad que lleve a Colombia al nivel de países como Canadá, Chile o Sudáfrica, que teniendo como uno de sus ejes económicos la minería, han provocado un aumento constante del PIB, sin que esto signifique una lista continua de muertos. Todas las veces la minería, en cuanto extracción de recursos no renovables, implica una destrucción ambiental y todas las veces, dada sus características, implica un riesgo para los trabajadores. No obstante, una cosa es una minería responsable y sostenible, que cumpla todos los requisitos de seguridad y compense ecológica y socialmente por los daños, y otra el real caos que vivimos —no sólo en la minería ilegal—. Todos queremos que esta actividad jalone el crecimiento del país y nos ayude a entrar en una senda de progreso, pero no a cualquier precio, y el Gobierno está siendo difuso con respecto a los límites entre lo tolerable y lo que no lo es.