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Entre otras cosas, la discusión ha dejado ver una preocupación cada vez más creciente por el abismo que se ha instaurado entre la Fuerza Pública y los civiles. Algunos analistas aseguran, incluso, que la tolerancia por las muertes de soldados en Irak y Afganistán, a diferencia de lo que sucedió en Vietnam, se debe a esta separación. Finalmente, una cosa es aportar una porción de los ingresos a la causa común y otra, muy diferente, la vida de un hijo o un amigo. Tal inequidad en la distribución de la carga hace que las implicaciones de la guerra no sean igualmente dimensionadas, ni tampoco su sentido o sinsentido. Los veedores y críticos de las FF.AA. se han hecho además frívolos. Los sectores más liberales de la población se complacen con desdeñar los esfuerzos en seguridad y la defensa sin tomarse la molestia de entender su necesidad ni su muy complejo manejo.
El distanciamiento de la sociedad de aquéllos autorizados para emplear la fuerza es en efecto preocupante. Si hay algo difícil de manejar es que las personas encargadas de mantener el orden sean lejanas a las personas que ordenan. De aquí, entonces, el énfasis que ha venido resultando sobre la necesidad de fomentar una mejor representación de los géneros, las razas, las religiones, las orientaciones sexuales y también de las ideologías políticas en el cuerpo armado. Esto último ha vivificado la idea de reinstaurar los centros de reclusión en los campus universitarios. Aunque algunos consideran que es una pérdida para la sociedad entregarles a las Fuerzas Públicas sus miembros más capacitados, otros, por el contrario, lo consideran provechoso y más aún si estos estudiantes provienen de las ciencias sociales o de las carreras humanísticas. El Ejército, la Naval y la Fuerza Aérea forman parte constitutiva del Estado y deben hacerlo también de la sociedad. Universidades élite como Yale y Stanford han considerado permitir los puestos de reclusión.
Si bien el contexto de EE.UU. es distinto al de Colombia, la preocupación por la distancia entre las FF.AA. y la sociedad es compartida, o por lo menos debería serlo. En particular, porque en pocos años la intensidad del conflicto habrá disminuido y se hará más evidente, por un lado, la necesidad de reunificar a las Fuerzas Públicas con la ciudadanía a la que le ha servido y, por el otro, el reto de repensar su futuro. Por este motivo es importante ir iniciando la discusión sobre cómo hacer para que los 427.158 miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no sólo merezcan nuestro respeto sino que se hagan interlocutores activos en la planificación de los destinos nacionales.
Es para ello necesario repensar la manera de distribuir la carga de la guerra y hacer de este un sacrificio verdaderamente compartido. Esto implica, por lo demás, restablecer la importancia y el valor de todo servicio público, sin desconocer la necesidad de ofrecer también un proyecto de vida individual para quienes asuman la tarea. Así le cueste al país, quienes se incorporen a las FF.AA. deben aprender mucho más que manejo de armas. Las FF.AA., por su parte, deben esforzarse por incorporar a los distintos sectores de la sociedad y aprender a hablar con ellos. No es ocioso el gasto destinado a subsanar las fisuras sociales. Además, éstas deben ser mucho más coherentes y no tolerar privilegios, de la misma manera que deben impedir la ociosa distinción por clase. Con los años vendrá la discusión de tener unas Fuerzas Públicas enteramente profesionales y voluntarias. Mientras tanto, es su deber enseñarle al país que el problema es de todos, de lo contrario, la sociedad se lavará las manos y ni siquiera valorará las vidas perdidas en su propia seguridad y defensa.