Colombia y los afrodescendientes

Al mismo tiempo, la ONU, en voz de su secretario general, Ban Ki-moon, lanzó un fuerte llamado para acabar de manera definitiva con la lacra de la discriminación racial. “El mundo no puede aceptar que comunidades enteras sean marginadas por el color de su piel”, concluyó. Para ello, el máximo organismo está reafirmando la validez de todos los instrumentos internacionales vinculados a su desarrollo. Entre ellos se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Convenios, todos, que Colombia ha sido más pronta en firmar que en cumplir, al igual que lo hecho con su legislación.

Con la expedición de la Constitución Política en 1991 y el despertar del movimiento social étnico afrocolombiano se generaron muchas esperanzas. Por primera vez en la historia jurídica del país se incluyeron las poblaciones afrocolombianas en la Carta, reconociéndolas y protegiéndolas como un grupo especial de derecho y con derechos étnicos. Esta inclusión, además, significó el desarrollo de una legislación especial integrada por 12 leyes, donde se establecieron mandatos especiales a su favor. A todo esto se sumó la presencia masiva y el excelente desempeño de la juventud afrocolombiana en los deportes, el surgimiento de un notorio movimiento de valoración y la práctica de sus manifestaciones culturales, en especial de la música y de la danza, el liderazgo político de reconocidos personajes afro, su presencia en las direcciones del movimiento sindical colombiano y el nacimiento de la reivindicación étnica en universidades.

Los buenos tiempos, sin embargo, perdieron impulso. Después de dos décadas del resurgir afrocolombiano, las zonas de mayor predominio de esta población siguen siendo aquellas que presentan los más bajos índices de calidad de vida del país, el ingreso per cápita promedio de los afrocolombianos es todavía menor que el del resto de la población y su esperanza de vida al igual que el número de años de educación son también inferiores. A esto se suma el reiterado sufrimiento de crímenes a manos de nuevas bandas emergentes, como las ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’, en particular en los departamentos de Cauca, Nariño, Huila y el Valle del Cauca. Como si la lista ya no fuera aterradora, hay que sumarle el desalojo, con consentimiento estatal, de sus ancestrales territorios para dar espacio a la explotación industrial, especialmente la minera.

Colombia, pese a haber reafirmado internacionalmente su compromiso de respetar y hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos, ni ha asignado los recursos y las condiciones institucionales apropiadas para resolver la problemática de la población afrocolombiana, ni ha impedido que su Estado siga siendo parte del problema y no de la solución. Los poderes públicos parecen seguir prontos a autorizar movimientos poblacionales para dar lugar a la minería industrial sin la menor consideración por el riesgo al que somete a las comunidades afrodescendientes y a su patrimonio histórico, material y cultural. Desde hace poco amenaza con abrirse un episodio más de la larga historia de trágicos movimientos de estas comunidades: la exploración petrolera en los Cayos del Norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los pueblos raizales ya han visto a la industria acaparar su pesca, ¿verán lo mismo con todo lo demás? Por lo menos, en honor al año de la afrodescendencia, el país entero debería parar y reflexionar.