Los “roscogramas”

 Algunos han exigido,   con justa razón,  que  no se están haciendo afirmaciones intrascendentes y  por ende es imprescindible que se aclaren los nombres y los lugares exactos de la rama judicial en los que se estima que el “roscograma” se ha instalado.

Otros, también con suficientes razones para hacerlo, han denunciado los visos de  ataque deslegitimador a la Corte Suprema de Justicia, que investiga a varios de sus aliados políticos, por parte del presidente Uribe, quien ya con anterioridad había insinuado que en ella  habitan fuerzas que representan el “último coletazo del terrorismo”.

No deja de ser paradójico, tampoco, que el tema de los favores familiares en la rama judicial que, y eso hay que decirlo, son de vieja data y ha sido denunciado en varias ocasiones  aparezca   justo cuando se  está investigando al Presidente y a miembros de su gobierno en el supuesto cohecho que se habría cometido para permitir la reelección, cuando, según las denuncias, se ofrecieron puestos y prebendas a cambio del voto por la reforma constitucional.

  Claro, a diferencia del clientelismo, en el que se entregan favores a cambio de un apoyo político, el “roscograma” implica que algunas familias y sus amigos se apropian de las instituciones hasta hacer de la meritocracia una suerte de nepotismo a la colombiana. Pero  al fin de cuentas se trata en ambos casos de la utilización de la posición privilegiada del servicio público para favorecer a dedo a unos pocos y cerrarles el paso a quienes podrían tener los méritos para acceder a esos beneficios.

 Haya o no dobles intenciones y existan o no pruebas fehacientes del “roscograma”, tanto en la rama judicial como en la diplomacia y otras esferas del Estado, el hecho cierto es que la perversidad de esta práctica  ha quedado planteada esta semana y debería servir como una oportunidad para  erradicarla como costumbre, por demás de inusitada aceptación social, de nuestra democracia.

La controvertida propuesta de reforma a la justicia, presentada por el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, es sin embargo poco consistente con la crítica que ahora se le está haciendo a la rama judicial. La figura de la cooptación  —sistema en el que las cortes nombran internamente a sus propios miembros— fue incorporada en el borrador de la reforma y es, de hecho, una manera de incentivar la endogamia que se quiere justamente erradicar. Sería peor el remedio que la enfermedad regresar a esa manera de elección que fue acertadamente abolida  en la Constitución del 91.

Si de “roscogramas” se trata, lo mejor es incentivar la meritocracia en serio,  más allá de los discursos políticos y de las buenas intenciones. Ya el propio presidente Uribe aceptó  que en la Cancillería se nombró a parientes de parlamentarios en su primer gobiern,  pero que ello “no volverá a suceder”, lo que demuestra la fragilidad de la promesa de  campaña del 2002 sobre el exterminio de la politiquería y de la promoción que desde entonces se ha hecho del respeto a la meritocracia en este mandato. 

 En síntesis, antes de poner el dedo acusador sobre la rama judicial por un problema que también es suyo, sería conveniente que el Ejecutivo desistiese de la cooptación en la reforma y se preocupara  por fortalecer los mecanismos de la meritocracia en el Estado. Avances ha habido, eso hay que decirlo, tanto en el Gobierno como en entidades de la rama judicial como la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, pero  éstos  sobreviven apenas hasta cuando intereses de otro tipo entran en juego.  Ya veremos si hay hechos que demuestren la real intención de erradicar los favores impropios o si solamente se trató de un ataque pasajero para desprestigiar a los jueces.