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El crecimiento dependerá de la capacidad de los gobiernos (nacional y regionales) de traducir en obras reales los planes imaginados de inversión en infraestructura. Muchos proyectos de inversión privada —la refinería de Cartagena es un buen ejemplo— van a posponerse. Y le corresponde, por ahora, a la inversión pública liderar la economía.
Pero el problema más grave de la economía, la consecuencia más preocupante de la desaceleración, es sin duda la caída del empleo. Las encuestas del DANE muestran una reducción dramática en el empleo, que podría profundizarse a medida que los efectos de la crisis se materializan. La crisis del empleo llegó anticipadamente. Pero no sin avisar. Pues muchos analistas habían señalado, de manera reiterada, que la política de empleo era el gran lunar de la política económica de la era Uribe. Ahora los hechos, tristemente, han vindicado los malos presagios de los analistas.
Entre los últimos trimestres de 2007 y 2008 se perdieron aproximadamente 400 mil empleos. La caída del empleo ha afectado mayoritariamente a los trabajadores sin educación y a los hogares más pobres. Al mismo tiempo, la informalidad laboral ha venido creciendo rápidamente. El deterioro en la calidad y la cantidad del empleo es preocupante si se tiene en cuenta que, incluso antes de la crisis, la tasa de desempleo y la de informalidad eran mayores en Colombia que en casi todas las economías comparables en América Latina. La crisis no creó el problema. La crisis agravó (e hizo evidente) un problema estructural que había sido desconocido sistemáticamente por las autoridades económicas.
El problema del empleo es, en últimas, un problema de malas políticas. Muchas de ellas vienen de atrás, se remontan, si se quiere, a la probación de la Ley 100 de 1993. Pero las malas políticas se han exacerbado durante la era Uribe. En Colombia, la generación de empleo se ha venido encareciendo para financiar programas sociales de dudoso impacto. Y la acumulación de capital se ha venido abaratando para estimular proyectos de inversión no siempre rentables. Esta asimetría llevó a un exiguo crecimiento del empleo durante el auge y está llevando a una dramática caída del mismo durante la crisis.
Consciente, por fin, de la magnitud del problema, el Gobierno, en cabeza del Ministerio de la Protección Social, anunció un plan de choque para proteger el empleo. Entre las medidas anunciadas figuran algunos planes de capacitación liderados por las cajas de compensación y el Sena, un mejoramiento de la intermediación laboral y la intención explícita de proteger los programas sociales. “Gobierno, empresarios, gremios y gobernaciones tendremos que buscar perder la menor cantidad de empleos, generar lo más que se pueda y acelerar el flujo de los que están perdiendo y los que están necesitando para tratar de reacomodar gente en el mercado laboral”, señaló Diego Palacio, jefe de la Cartera de la Protección Social.
El plan de choque contra el desempleo, en últimas, equivale a unas iniciativas menores en materia de capacitación y a un llamado a los empresarios a proteger el empleo. Contrasta, sin duda, la magnitud del problema con la pequeñez de las propuestas. El problema del empleo seguirá creciendo y la respuesta del Gobierno, por ahora, no va más allá de la retórica o de los discursos ya repetidos sobre la confianza inversionista.
En suma, es difícil saber qué es más grave: si el problema del empleo o la solución propuesta por el Ministerio de la Protección Social.