El Congreso reanuda actividades

Para mencionar algunos, el Congreso deberá ocuparse de una reforma política que en su exposición de motivos, tal como sucedió con la fallida reforma de 2007, plantea establecer mecanismos legales y de responsabilidad política para blindar al país de la injerencia de grupos armados ilegales en la política y para fortalecer el sistema de partidos. No obstante, si bien el proyecto mantiene algunos elementos sancionatorios, éstos son bastante tímidos y algunos no tendrán aplicación inmediata. Es decir, además de que muchos delitos quedarán en la impunidad y los partidos no van a responder por los hechos que motivaron la reforma, ésta no protegerá al país. En la próxima campaña electoral, si las cosas siguen como van, se repetirán los hechos que hoy tienen a 65 parlamentarios investigados o detenidos por sus presuntos vínculos con actores armados ilegales.

El Congreso también tendrá la responsabilidad de estudiar el referendo para permitir la reelección del presidente Uribe y la propuesta del Gobierno que establece la reelección inmediata e indefinida de alcaldes y gobernadores. Estos tres proyectos afectan la esencia de la estructura del Estado y del sistema político colombiano y son la columna vertebral del proyecto del Presidente de la República de extender su mandato mucho más allá del actual cuatrienio. Lo que haga o deje de hacer el Congreso en los próximos meses, incidirá en la configuración del nuevo mapa político del país y en la definición de un nuevo proyecto de Nación.

Lamentable, pues, que el rumbo de estos debates dependa de los intereses y necesidades de la coyuntura, y específicamente de las campañas electorales para Congreso y Presidente de la República de 2010. La agenda del Gobierno, no cabe duda, impidió la elaboración de una agenda estatal que permita abordar otros asuntos igual o aun más relevantes que los que se sabe determinarán las actividades del Legislativo.

No tiene presentación alguna, en ese sentido, que entre los proyectos a los que el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, les dio prioridad se encuentre la penalización de la dosis mínima. Más allá de que el Gobierno estime conveniente insistir en la criminalización del consumo, ahora disfrazado en ese oscuro proyecto de los tribunales de tratamiento de drogas que bajo el genérico de “enfermos” considera que todo el que utiliza drogas ilegales —no importa la droga, la cantidad, la frecuencia— padece de un mal que requiere médico y psicólogo, no se entiende cómo tal preocupación desplaza otras iniciativas.

Pese a que la atención de la opinión pública se centra, desde que se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y entró en funcionamiento la Ley de Justicia y Paz, en la atención a las víctimas de los grupos armados ilegales y del propio Estado colombiano, ningún trato especial les fue acordado. Es más, el ministro Valencia Cossio sostuvo hace poco que en la pasada legislatura decidió aplazar la discusión de la ley de víctimas porque así se lo “recomendaron algunos organismos internacionales”. El propio Gobierno hizo hasta lo indecible por entorpecer la expedición de una ley que cuando fue presentada, por la oposición, cumplía con los estándares mínimos exigidos por los expertos en la materia, y ahora que ni siquiera está contemplada como prioritaria, se nos exige que agradezcamos su hundimiento. El mundo al revés.

Las elecciones del año entrante revisten especial importancia. Es fundamental elegir un Congreso que contribuya a recuperar la credibilidad y legitimidad de una institución central en los regímenes democráticos; y que preserve y defienda su independencia frente a las otras ramas del poder público y frente a la injerencia indebida de intereses particulares, legales e ilegales. Lo que está pasando en el Congreso, sin embargo, no permite mirar con mucho optimismo este propósito. Y el Gobierno, con sus propuestas, no parece muy interesado en colaborar.