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La campaña ha estado dominada por el ajedrez de alianzas y coaliciones, por los ires y venires entre partidos y movimientos, por los eslóganes vacíos, por la escogencia de los vicepresidentes, etc. La economía, que según las encuestas es la principal preocupación de los electores, no parece ser una prioridad para quienes aspiran a ser elegidos.
Probablemente los temas económicos nunca van a debatirse con la profundidad requerida. Probablemente hay una inevitable frivolidad en las campañas políticas. Pero los problemas de la economía deberían al menos discutirse en los debates y tratarse en las entrevistas con los candidatos que por estos días atiborran los medios de comunicación. La economía puede ser un asunto secundario durante la campaña. Pero no lo será en los próximos cuatro años. El éxito del próximo presidente de Colombia se definirá en el campo económico. Sobre la seguridad parece haber un acuerdo amplio, sobre la economía no existen opiniones claras. No sabemos todavía, por ejemplo, cuáles son las coincidencias y cuáles los desacuerdos entre los candidatos.
Los candidatos deberían tratar de responder al menos las siguientes preguntas sobre el futuro de la economía nacional: ¿Qué piensan hacer para equilibrar las finanzas del gobierno nacional? ¿Están pensando en presentar una reforma tributaria? Si sí, ¿cuál es la meta de recaudo prevista? ¿3 ó 5 ó 7 billones de pesos? ¿Piensan mantener el impuesto al patrimonio y el gravamen a las transacciones financieras? Y más importante aún, ¿de qué manera van a lidiar con las restricciones y las inflexibilidades impuestas por los contratos de estabilidad tributaria, por las sentencias de la Corte Constitucional y por la misma oposición política en el Congreso que ha frustrado todos los intentos previos de aprobar una reforma tributaria estructural?
¿Están de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? ¿Estarían de acuerdo con un tratado similar con la China? ¿Insistirán en el ingreso a Mercosur? ¿Creen en la inversión privada en infraestructura y en servicios públicos? ¿O consideran por el contrario que el Estado debe concentrar el grueso de las inversiones en estos sectores? ¿Darán continuidad a los procesos de democratización de Ecopetrol, ISA e Isagen? ¿En qué piensan invertir los ingresos provenientes de la venta de acciones de compañías estatales?
Y finalmente, ¿qué piensan hacer para reducir el desempleo y la informalidad? ¿Están de acuerdo con el desmonte o la reducción de los llamados parafiscales? Si sí, ¿cómo financiarán los programas de capacitación laboral y cuidado infantil? ¿Están pensado en subsidiar la generación de empleo formal? ¿Para todo el mundo o sólo para los trabajadores sin título universitario? ¿Piensan implantar esquemas diferenciales de salario mínimo? ¿Para quién? ¿De manera permanente o transitoria?
En fin, las preguntas son muchas. Pero las respuestas hasta hora no se conocen o se conocen parcialmente. La mayoría de los candidatos ha pasado de agache. En las democracias modernas los aspectos económicos son decisivos. Y deberían ser decisorios. Llegó la hora de hacer las preguntas relevantes y de exigirles a los candidatos respuestas claras y coherentes.