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Improvisación tributaria

EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIOnes financieras (ITF) —en ese momento 2×1.000— se creó como medida transitoria en 1998 tras el terremoto de Armenia.

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Con el tiempo, el impuesto se fue incrementando según las necesidades estatales de gasto: primero a 3×1.000 en 2000, luego a 4×1.000 en 2003 y, finalmente, como no podía faltar con las llamadas ‘medidas temporales’ en el país, se hizo permanente en 2006 con la Ley 111. Según los congresistas, porque quienes pagaban el ITF eran, en realidad, los dueños de los bancos, no las personas de a pie. Un argumento con amplia acogida y no del todo errado: son las grandes instituciones financieras las que más transacciones realizan y, por tanto, las que más ITF pagan —además de ser las que más y más duro se quejan por eso—. No obstante, si bien hay varios ajustes pendientes para proteger a los usuarios de los excesos del sistema financiero —unos que incluso pueden costar más que el impuesto a las transacciones—, el ITF ha sabido también maltratar al ahorrador corriente, pues ha contribuido a que tener dinero en el sistema financiero sea más costoso.

No en vano la tenencia de dinero en efectivo, en relación con el uso de cuentas corrientes, aumentó en 10 puntos porcentuales entre 2004 y 2010. Y, con tanto dinero por fuera del sistema, era de esperarse que el recaudo por ITF disminuyera, como en efecto lo hizo: pasó de un ingreso del 0,7% al 0,6% del PIB en el mismo período. Pero la preferencia por efectivo no sólo aumenta la evasión y la elusión: patrocina la informalidad y torpedea la profundización del sistema bancario. Aunque se han logrado avances, nuestro nivel de bancarización del 62% —en 2006 era apenas del 51%, pero supo ampliarse por la dispersión a través del sistema financiero de los subsidios de Familias en Acción— sigue por debajo de países de iguales ingresos al nuestro. Lo que significa, entre otras cosas, que nuestras tasas de ahorro y crédito formal siguen por debajo de estos países.

En un reciente estudio hecho por ANIF se mostró que si se lograra canalizar por vías formales las transacciones financieras, en lugar de recurrirse exageradamente al uso del efectivo, además de reducirse crímenes como el llamado ‘fleteo’, se lograrían ingresos por el 0,9% del PIB. La idea detrás es sencilla: si se reduce el costo, aumenta la demanda por los servicios financieros y la pérdida en el margen de recaudo se compensa en volumen. La demostración, sin embargo, es más difícil y éste, como otros estudios, debe sujetarse a discusión. Con todo, aunque periódicamente vuelven las investigaciones al debate público, ni al Congreso ni al Gobierno se les ocurre hablar de una verdadera reforma tributaria que logre recaudar esos 0,6% del PIB sin atentar contra la democratización del sistema bancario, o al menos justificar, con el rigor del caso, la necesidad de la existencia del ITF.

No ha sido provechoso que quienes más investigaciones realicen sean las partes interesadas. El ITF es un impuesto antitécnico, pero sólo en teoría; en la cual, por demás, se han desarrollado primariamente los gravámenes al consumo y al ingreso, no a las transacciones. Los estudios sobre la evidencia son escasos. En un país como Colombia, contar con un impuesto de tan fácil recaudo no deja de ser interesante. Pero habría que sustentarlo. Lo que implica, entre otras, ver por qué ha aumentado la tenencia en efectivo en relación con la cuenta corriente y qué puede estar justificando la caída en el ingreso por motivo del ITF. No sería sorprendente que por lo menos el recaudo haya disminuido porque los bancos aprendieron a esquivar la medida. Pero todo es especulación mientras el Estado improvise y sean otros los que justifiquen.

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