Brasil, en el limbo

Triunfó el pasado domingo, de manera contundente, la votación en la Cámara de Diputados que favorece realizar un juicio político contra Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. En mayo próximo, el Senado tendrá que decidir si la aparta por 180 días de su cargo mientras la juzga el Congreso. El problema es que, en un país con un escándalo de corrupción con raíces profundas, parece que a Rousseff la quieren destituir como chivo expiatorio para calmar los ánimos, mas no para solucionar el caos. Y los mismos corruptos parecen estar pescando en el río revuelto del escándalo de corrupción.

Que la presidenta, con el apoyo del expresidente Lula da Silva, no haya podido evitar la abrumadora votación en su contra (367 votos a favor del juicio, 137 en contra) demuestra que Brasil atraviesa una profunda crisis política, no sólo en el Ejecutivo, sino en todo el andamiaje institucional del país. Esto se debe principalmente a la denominada Operación Lava Jato, una investigación de la rama judicial sobre la burocracia corrupta que se construyó alrededor de Petrobras, la petrolera estatal, que juega un rol esencial en la economía brasileña. Hasta ahora han quedado involucrados grandes empresarios, políticos de todos los partidos y jueces, varios de los cuales ya están pagando condenas en prisión. Las marchas multitudinarias que se han tomado la nación se fundamentan en la desconfianza que estos hechos han producido.

Por eso, no deja de ser sospechoso el juicio contra la presidenta en el Congreso. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien ha impulsado el proceso, está siendo investigado por tener cuentas boyantes en Suiza. Lo mismo puede decirse de muchos de los diputados que participaron en la votación: están en el centro del escándalo.

Además, a Rousseff no se le juzga por corrupción ni complicidad en algún hecho punible. Lo que sí hizo presuntamente —y que no deja de ser reprochable— fue pedir préstamos en los bancos brasileños para maquillar el presupuesto durante las fechas de revisión, sólo para devolver el dinero cuando terminara la rendición de cuentas. Incorrecto, sí, pero una práctica que han utilizado todos los presidentes anteriores y nunca se consideró enjuiciarlos por ello.

La eventual salida de Dilma, entonces, está siendo vista como un sacrificio para recuperar la confianza, pero eso claramente no corta los tentáculos de la corrupción en Brasil. Como bien lo dijo el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, la destitución “es de carácter político”.

¿Qué le queda al país? Si el Senado aprueba el juicio —y todo parece indicar que esa decisión es inevitable—, Rousseff será destituida y quedará al mando el vicepresidente, Michel Temer, a quien los sectores políticos ven con desconfianza y la misma Rousseff calificó de “traidor”. Otra opción es que la presidenta, antes o inmediatamente después de la decisión del Senado, decida renunciar, lo que obligará a que se convoquen nuevas elecciones presidenciales. Según varios observadores internacionales, eso seguramente será lo que ocurrirá.

No deja de ser frustrante ver que los mecanismos legales se presten para los intereses de personajes que están intentando tapar sus propios rabos de paja. Sin embargo, los implacables avances de la Fiscalía brasileña, unidos a las fuertes manifestaciones públicas, dan la esperanza de que, cuando el polvo se disipe, Brasil salga con una fortaleza institucional renovada. El camino, como estamos viendo, no será placentero.

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