Naturaleza por decreto

El instrumento, que ya ha sido demandado por inconstitucional, afecta negativamente la percepción fundada de la participación seria del Estado colombiano en el Convenio de Diversidad Biológica y afecta la legitimidad de los actos administrativos que podrían seguir, una vez se ha desconocido flagrantemente la existencia de instituciones y expertos en este tema dentro del país.

Por esto, no huelga insistir en lo sucedido. Recordemos: el Gobierno Nacional, a través del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, firmó una adición al decreto 1071 de 2015, referido a la administración, el fomento y el control de la actividad de la acuicultura. El instrumento jurídico del 9 de septiembre de 2015 viene despertando una agria controversia por el tratamiento que les da a las especies invasoras y a las zonas de “vocación para la acuicultura”.

No sólo se trata de un traslado de funciones del sector ambiental a uno productivo, en este caso el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), sino de un riesgo para la tan celebrada megadiversidad biológica del país, en este caso la dulceacuícola. En este sentido, resultarían secundarias las funciones de precaución y manejo que reconoce en la autoridad ambiental. Y totalmente absurdas, porque las autoridades ambientales quedan como responsables de la “recuperación de los recursos naturales afectados”, desconociendo que las invasiones biológicas son muchas veces nocivas e irreversibles.

Y preocupa de manera particular el método. En vez de acudir a los instrumentos de prevención basados en el conocimiento, se ha sorprendido a la comunidad científica con un insólito atajo: cambiarles el nombre a las cosas. La Aunap recibe la función de declarar domésticas las especies introducidas, y en un parágrafo funesto añade que quedan por decreto exoneradas de su carácter de invasoras. Es decir, naturaleza por decreto. Los expertos no consultados, o no tenidos en cuenta, ven graves riesgos en la biodiversidad acuática continental del país, las pesquerías silvestres y la seguridad económica y alimentaria de poblaciones rurales marginalizadas. Lo más grave, se lamenta el reemplazo del conocimiento científico por la prestidigitación jurídica, que nos sitúa más allá del límite de la negación conocida de la ciencia.

¿Existe la posibilidad de reconocer un error o quedamos en manos de la lenta interpretación de constitucionalidad? Mientras tanto, tememos que la celeridad administrativa presionada distribuya este riesgo por las aguas continentales de Colombia. Todo mientras aumentan las voces indignadas de la comunidad científica, hoy deliberadamente marginalizada.

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