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La Troncal de los Andes, una variante que conecta el centro de Chía con la autopista Norte en Bogotá, encierra las tensiones, contradicciones y dilemas (algunos falsos, otros no) en las formas como entendemos el desarrollo bajo el paradigma de que las actividades humanas solo existirán mientras sean sostenibles.
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En la mitad del trayecto de la vía, separada por el río Bogotá, confluyen dos escenarios opuestos: a un lado hay una carretera ya pavimentada de cuatro carriles rodeada de grandes extensiones de tierra destinadas a floricultura y ganadería; al otro hay dos grandes espejos de agua, parches de juncos, un bosque denso y gran variedad de aves: un paraíso ambiental, dice la comunidad.
Lo que los defensores de este ecosistema no se explican es por qué la concesión a cargo del proyecto, Accenorte, desconoció su presencia en el estudio de impacto ambiental que presentó y por qué la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le concedió a la firma, hace más de dos años, permiso para construir una vía de 3,4 kilómetros sobre lo que podría ser un humedal -y si en efecto lo es, sería el último de Chía-.
Primero hay que explicar algunas cosas. Por ley, para expedir una licencia ambiental, la ANLA debe realizar una evaluación técnica y jurídica rigurosa de los estudios presentados por el interesado en construir para medir el impacto de la obra y determinar las medidas para mitigarlo. Como el instrumento básico para la toma de la decisión es elaborado por el constructor, la Autoridad debe corroborar todo lo consignado en el estudio de impacto ambiental. Para esta tarea, la ANLA se apoya en sistemas geográficos e instrumentos de monitoreo propios y de otras entidades, como el Ideam o Ingeominas, además de herramientas de manejo de datos ambientales como el Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB Colombia).
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Además, la entidad debe hacer una evaluación en campo, que consiste en visitar las áreas de influencia del proyecto, verificar componentes ambientales y realizar entrevistas con autoridades y habitantes de la zona para identificar los efectos potenciales de la obra sobre los recursos naturales.
Y aquí viene una de las controversias en toda esta historia: Mauricio Mustafá, dueño del predio en donde se ubica el ecosistema que busca declaratoria de humedal, asegura que la ANLA nunca entró al terreno, pues él condicionó el ingreso a que le entregaran una copia del estudio de impacto ambiental. “Llegamos a ese extremo porque llevábamos un año dejando entrar más de 100 personas para todo tipo de procesos y se negaban a informarnos qué iban encontrando”, contó.
La ANLA, por su parte, aseguró a este medio que sí estuvo en la zona el 21 de septiembre de 2018 con una comisión de tres profesionales en las áreas física, biótica y social que recorrieron toda el área del proyecto. En esa visita se organizaron entrevistas con funcionarios de la administración municipal de Chía y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), además de reuniones con líderes de la vereda La Balsa, del barrio El Cairo y de la vereda Samaria.
Pero no es el único cuestionamiento. Quienes han seguido el proceso denunciaron que la licencia ambiental (N° 2189) no incluye el concepto técnico de la CAR respecto a la existencia de ecosistemas estratégicos o sensibles en el área de intervención de la Troncal de los Andes, a pesar de ser una zona de “alta sensibilidad ambiental” por su cercanía con el afluente del río Bogotá. El pronunciamiento fue solicitado por la ANLA a la CAR mediante un oficio el 10 de octubre de 2018, pero su respuesta llegó el 6 de diciembre de ese año, nueve días después de haberse otorgado la licencia (27 de noviembre de 2018), a pesar de que esta información es clave para dar viabilidad a las obras de infraestructura.
En video: El debate ambiental por la Troncal de los Andes
En su respuesta, la CAR remitió a la ANLA el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (Pomca) “con información actualizada del área donde se ubica el proyecto de la Troncal de los Andes” y le brindó acceso a una página de datos abiertos con información de áreas protegidas, cuencas hidrográficas, delimitación de rondas, zonas críticas de aguas subterráneas, áreas de importancia estratégica de conservación del recurso hídrico, puntos críticos, etc. Pero no emitió ninguna alerta.
En diciembre de 2020, luego de que la comunidad reviviera el debate, la ANLA le pidió a la CAR que le aclarara si el área que recibió licenciamiento ambiental está siendo objeto de algún estudio adicional o se encuentra en proceso de declaratoria o figura de conservación. El pasado 10 de febrero, la CAR le respondió a la ANLA que el año anterior encontró un cuerpo de agua con presencia de algunas especies en una visita técnica y que estaba realizando “la evaluación desde los componentes ecosistémico, hidrológico y geológico, junto con fotografías aéreas obtenidas desde los años 30 hasta la actualidad, con el fin de realizar la caracterización y definir su origen (natural o artificial)”.
El Espectador pidió un concepto a la CAR, pero la entidad no contestó las preguntas que este medio le hizo llegar respecto a si ya existía alguna caracterización del ecosistema por parte de la entidad y su posición frente a otras pruebas técnicas que advierten que se trata de un humedal, pues es esta la instancia encargada de identificar y delimitar los humedales. La CAR dijo que se iba a pronunciar hasta que terminara el análisis riguroso que está en curso y tuviera certeza de la situación.
El malestar del sector de la comunidad que se opone a la terminación del proyecto por defender el ecosistema es que las entidades parecían no actuar ni coordinarse, sino hasta que alzaron la voz. Mientras tanto, un posible humedal (ya que no hay pronunciamientos oficiales) oscila en el péndulo que va de infraestructura a ambiente. Lo que todos los actores reclaman es claridad.
Una de las primeras personas en notar la existencia del cuerpo de agua fue Nubia Morales, una avistadora de aves que forma parte de la Asociación Bogotana de Ornitología. Durante sus recorridos, a lo largo de 11 años, identificó 53 especies de aves, dos de ellas únicas en el mundo (la tingua moteada y la monjita), de las cuales tiene un amplio registro fotográfico. Ella, tal vez como ninguna otra persona, ha podido documentar los cambios del ecosistema a través del tiempo. “La primera vez que lo vi quedé maravillada, era mucho más grande, hoy está en otro estado, el pasto ha tapado el espejo de agua, pero hay una gran biodiversidad alojada”, contó.
Su trabajo fue clave para que la bióloga y doctora en conservación Loreta Rosselli proyectara en septiembre de 2020 un informe que concluye que en el predio de los Condominios Club San Jacinto, que colinda con el río Bogotá, sí hay un humedal, identificable por sus suelos saturados, su vegetación hidrofítica y sus organismos asociados. Sus mediciones confirmaron que originalmente tenía una extensión de 6,6 hectáreas, hoy es 70 % más pequeño.
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El colectivo Voces del Río, dedicado a la defensa de ríos, humedales y lagunas en Cundinamarca, también elaboró su propio análisis multitemporal con profesionales de diferentes disciplinas a partir de fotografías aéreas oficiales e imágenes satelitales que muestran la presencia y evolución del ecosistema en 80 años. También se valió de un mapa de hidrografía de la Pomca, en el que cataloga el área como “de alta susceptibilidad a inundaciones”. Así concluyen que corresponde a un humedal natural, propio del valle aluvial del río Bogotá, y sugieren formular un diagnóstico ambiental de alternativas que permita concluir la Troncal de los Andes sin poner en peligro el humedal ni las especies que allí habitan.
En los casos anteriores, los expertos partieron de un registro oficial que incluso fue solicitado por la CAR para su estudio multitemporal: los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Una plancha de 2012 lo identifica como una zona de pantano, humedal o morichal. Además, en la entidad reposan aerofotografías desde 1939 en las que ya se advierte su presencia por el cambio de coloración y textura del área respecto a las demás superficies a su alrededor. Esta sería la primera evidencia de que el Estado ya había identificado el ecosistema.
El Espectador les pidió concepto a dos académicos para intentar señalar un camino en medio de la polémica. Gonzalo Forero, ingeniero ambiental y profesor de la Universidad El Bosque, utilizó fotografías satelitales, modelos de elevación digital y sus habilidades en manejo de datos para estudiar los recorridos del agua lluvia después de un evento de precipitación y delimitar una cuenca. Así encontró que hay un área de drenaje superior a 1,7 millones de metros cuadrados a donde llega agua por vía superficial y subterránea. Esto significa que el ecosistema en cuestión sí tiene el comportamiento hidrológico de un humedal, pues es un “cuerpo importante de amortiguamiento del caudal generado por la acumulación de agua lluvia en la parte más baja existente, el río Bogotá”.
El experto explicó además que con las nuevas tecnologías disponibles y a través de técnicas avanzadas se puede ver claramente el tipo de suelo, “una foto nunca va a ser suficiente porque la apariencia depende de muchos factores, como la época de lluvias”. De hecho, recomendó hacer un análisis histórico del comportamiento del espejo de agua con sensores remotos para garantizar que haya la mínima intervención humana.
Por su parte, Lilia Roa, Ph. D. en ciencias y directora del doctorado en estudios ambientales y rurales de la Universidad Javeriana, explicó que es muy probable que se trate de un relicto de un humedal que en su momento estaba bien conectado con otros cuerpos de agua, dado que la sabana de Bogotá estuvo cubierta por un inmenso lago hace miles de años. La experta considera que si había duda sobre el ecosistema, la ANLA no debió haber tomado la decisión de licenciar sin tener suficiente evidencia. También cree que a la CAR debería dársele un plazo para que tome una decisión sobre la vocación de uso de ese terreno. Finalmente, sugiere buscar soluciones de infraestructura que impacten lo menos posible la naturaleza, “si no, esta pelea puede durar mil años”.
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El exdirector de la CAR Diego Bravo, quien ocupó el cargo entre 1994 y 2000, aseguró que el proceso técnico para caracterizar un humedal no es difícil porque el país ha avanzado mucho en la adopción de sistemas de información que permiten consultar registros de la zona. Para este caso en particular, hace tiempo se vienen recolectando pruebas, pues en 2008 la CAR hizo un convenio con la Gobernación Cundinamarca para levantar la cartografía de la zona. “La demora son los cálculos políticos y el mal entendimiento institucional”.
Pero esta definición es desmentida por una persona que ocupó el mismo cargo entre 2016 y 2019, Néstor Franco. Para el exfuncionario, en el reconocimiento de humedales hay unas líneas muy finas que generan interpretaciones distintas y contradicciones muy fuertes, algo que en su administración les dificultó la elaboración del inventario de humedales. “Se parte de la premisa de que gran parte de los espejos de agua superficiales que se encuentran en la sabana de Bogotá son rescoldos de las condiciones antiquísimas que tuvo la zona hace millones de años, pero muchos son jarillones que construyeron y con el tiempo comenzaron a adquirir características de humedales (presencia de flora o fauna), pero no son bióticamente iguales. La mera presencia de esas condiciones no puede concluir que se trate de humedales, hay que hacer un análisis técnico sobre cada uno”. Eso es lo que sucede en el predio del Club San Jacinto, según Franco.
Lo que en este punto muchos de los actores implicados en el caso se preguntan son cosas como ¿cuál fue el trabajo que se hizo para autorizar la construcción de la Troncal de los Andes?, ¿puede la CAR declararla humedal a estas alturas?, ¿reconocer el ecosistema implicaría repensar la variante?, y, ¿quién asume el costo de un eventual cambio en el proyecto, el Estado o la concesión? Para el abogado experto en derecho ambiental Gustavo Wilches-Chaux, los análisis ambientales recientes, los cuales resume este artículo, debieron hacerse antes que la vía: “Hay un indicador fundamental, el del desastre evitado, para eso es necesaria la elaboración de escenarios que prevean lo que puede pasar; pero acabar con un humedal genera problemas que pueden ser demasiado costosos”, aseguró.
Rosselli, fundadora de las asociaciones colombiana y bogotana de ornitología, insiste en recomendar que se proteja y restaure la zona: “La continuación de la obra de Accenorte afectaría definitivamente este valioso remanente con ecosistemas y especies críticamente amenazadas que han desaparecido paulatinamente; cada pedacito de humedal sirve para seguir conservándolas. Es muy importante poner el precedente de que la naturaleza y las leyes que la protegen se deben respetar, no por el hecho de que es una obra muy grande y vale mucha plata nos debemos asustar”, anotó.
Pero la ANI es enfática en que no es posible cambiar el trazado de la vía. Por un lado, argumentan que “no es dable truncar un proyecto público que se construye en beneficio del interés general, habiendo cumplido la totalidad de los procedimientos legalmente establecidos”. Por otro, refieren que ya se cuenta con 1.870 kilómetros construidos de doble calzada en el sector oriental (desde el río Bogotá hasta la autopista Norte), más sus ramales de acceso, dos estribos en concreto en el margen izquierdo del río Bogotá para la construcción del puente y 0,280 kilómetros de calzada occidental entre la intersección El Humero y la carrera quinta de Chía, además de otras obras estructurales. “Hacer una modificación de trazado con este avance de obra generaría empezar de nuevo el proceso de diseños, modificación de licencia ambiental y las demás gestiones que esto acarrea”, concluyó la entidad.
En este punto, todo depende del análisis que se encuentra adelantando la CAR. Si este revela que la zona en cuestión es un humedal o un área protegida, debe garantizar su protección y la ANLA tendría que adelantar las actuaciones administrativas consecuentes. Si no, tendrá que probarles a la comunidad y a los expertos que están equivocados.
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