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La actividad agropecuaria es, sin duda, uno de los sectores que durante 2020 confirmaron que son indispensables. Como los productores han dicho una y otra vez: el agro le cumplió al país, pese a todas las dificultades estructurales y coyunturales. El Gobierno ha destacado el crecimiento de este renglón de la economía: 2,8 % en lo corrido del año hasta el tercer trimestre. Sin embargo, estas actividades no estuvieron exentas de las pérdidas de empleo en medio de la crisis por la pandemia, con casi 200.000 puestos destruidos al comparar lo que va de 2020 (el último reporte es con corte a noviembre) con el mismo período del año anterior.
Aunque al principio de la pandemia se pensaba que sectores que no cerrarían, como el agro, no verían mayor afectación, la pérdida de ingresos en los hogares y el cierre de canales como los hoteles, restaurantes y cafeterías tuvo un impacto en el consumo y, por tanto, en las ventas de los productores agropecuarios. Sobre el atípico 2020, Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), resaltó las dificultades que causaron, por ejemplo, las restricciones en el acceso a las centrales de abasto y en la movilidad entre los municipios del país.
Un cultivo que evidenció el impacto en la caída del consumo fue la papa, al que en el país se dedican por lo menos 100.000 productores, de los cuales más del 90 % son pequeños. En la memoria de muchas personas quedarán las imágenes de los papicultores vendiendo sus cosechas en las carreteras, debido al desplome de los precios, sin olvidar que también hubo familias que prefirieron ni siquiera sacar su producción. A raíz de esta crisis, el Gobierno puso en marcha un programa de incentivo a la comercialización de hasta $30.000 millones, que espera llegar a más de 26.000 productores.
Según el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, estarán atentos a “cómo se comportará la demanda de papa y el consumo de los colombianos. Si continuamos con una reactivación segura, en la que cada uno es responsable de su cuidado y salud, esperamos que la demanda aumente y los precios de la papa reaccionen”. En efecto, uno de los llamados del gremio Fedepapa es que “desde el Gobierno se sigan evaluando los incentivos para los pequeños productores y generar soluciones estructurales para el rescate del sector”, como escribió Germán Palacio, gerente del gremio, en la más reciente edición de la Revista Nacional de Agricultura.
Sin ignorar los retos y dificultades, un sector que reportó un buen desempeño en 2020 fue el cafetero. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, ha destacado que el valor de la cosecha, que beneficia a los mismos productores, es el más alto en veinte años, cerca de los $9 billones, con 14,1 millones de sacos, un nivel que se logró por sexto año consecutivo. Además, el consumo interno del grano creció 15 %, mientras que la recolección de café, según Vélez, se convirtió en una alternativa laboral para personas que perdieron su fuente principal de ingresos en medio de la pandemia.
De acuerdo con el ministro de Agricultura, entre las prioridades para comienzos de 2021 estará la reglamentación de la ley de alivios financieros, aprobada recientemente por el Congreso, para definir los parámetros según los cuales se podrán beneficiar los productores afectados por los fenómenos climáticos o la caída de sus ventas, entre otros factores. Asimismo, Zea aseguró que hay un monitoreo constante, con actores como las secretarías de Agricultura y el IDEAM, para evaluar la temporada de lluvias y la de heladas, que generalmente ocurre a principios del año.
Lo que viene en 2021
Varios han sido los llamados para que en la respuesta a la crisis por el COVID-19 en el país no se deje atrás a los hogares rurales, no solo por lo fundamental que el agro (que emplea a cerca del 60 % de los trabajadores en el campo) es para la seguridad alimentaria, sino por los preocupantes indicadores que se venían registrando desde antes de la pandemia, como el aumento en la pobreza y la pobreza extrema. Según el DANE, entre 2018 y 2019, la pobreza monetaria extrema (que se mide en términos de ingresos) en las zonas rurales pasó del 16,2 % al 19,3 %, mientras que la urbana se movió del 5,8 % al 6,8 %.
Según el Departamento para la Prosperidad Social, alrededor del 28 % de los pagos de Ingreso Solidario han ido destinados a hogares rurales. En cuanto a medidas de más largo plazo, el Ministerio de Agricultura planea sacar adelante un Conpes en 2021 para que el programa de agricultura por contrato (que espera vincular a 300.000 productores a 2022) se vuelva una “política de Estado”, como le contó Zea a este diario. El objetivo es que esto haga parte de un plan integral, acompañado de acceso a crédito y asistencia técnica a través de los servicios de extensión.
Según el presidente de la ANUC, el esquema de agricultura por contrato es más adecuado para los medianos productores, pero no para los pequeños, cuya producción es más diversa y variable, por lo que lograr los volúmenes y la logística que necesita el mercado es más retador. Aunque reconoce que esto “descongestiona” otros canales de comercialización para los pequeños, resalta la necesidad de promover esquemas como los de compras públicas. Por eso, menciona su preocupación de que en la reglamentación (de la Ley 2046 de 2020) se promueva la existencia de intermediarios.
En entrevista con este diario, el ministro de Agricultura también anticipó que el Gobierno no contempla la modificación de la Ley 160 de 1994, normativa de tierras en el país, que ha tenido varios intentos de reforma durante los últimos años. En cambio, se espera que en los dos primeros meses del año “queden en firme los mecanismos que permitan que en zonas que hoy son baldíos y están ocupados, o tierras para la actividad productiva, se puedan hacer encadenamientos productivos”. Se refiere el proyecto de acuerdo para poner en marcha las zonas de desarrollo empresarial, que generó controversia en septiembre pasado.
“Esperamos que con los comentarios (que recibieron) sobre estos mecanismos podamos tener rápidamente estos instrumentos”, según Zea Navarro, para la legalización de las tierras y la puesta en marcha de la producción con encadenamientos entre pequeños, medianos y grandes productores. De acuerdo a la visión del Gobierno, estos últimos pueden “aportar” su conocimiento empresarial, mientras que los campesinos son “los sujetos de titularización de la tierra”, en palabras del ministro.
Jiménez, por su parte, advierte del “pírrico” presupuesto con el que quedó el sector para 2021 ($1,9 billones). Recordó que por la inestabilidad de la política pública y el no reconocimiento del campesinado, la ANUC y otros aliados promoverán este año el referendo campesino, “para evitar que estemos al vaivén de las posturas políticas y que haya soluciones estables y de fondo”, dijo a este diario. El referendo modificaría los artículos 226, 64, 65, 66, 67, 216 y 346 de la Constitución, con el fin de proteger y defender los derechos del campesinado.
Por parte de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el llamado para 2021 es dar la discusión del régimen laboral “para combatir ese vergonzoso nivel de informalidad”, que en el campo llega al 80 %. Asimismo, la construcción de vías terciarias, “que generan empleo y por ende consumo, y que ya cuenta con presupuesto tanto del Gobierno nacional como del sistema general de regalías”, entre otros puntos que Jorge Bedoya, presidente del gremio, resaltó en el editorial de la Revista Nacional de Agricultura.
Un llamado especial amerita la situación de las mujeres rurales. No solo se ha resaltado la importancia de dirigir apoyos como el de Ingreso Solidario a los hogares rurales con jefatura femenina, sino a pensar en su empleabilidad, dado que actividades que sí han cerrado en el campo son las que en gran medida contratan mujeres (escuelas, comercio y turismo, entre otras). Como destacaron las investigadoras Helena María Hernández Bonilla y Paula Herrera-Idárraga, la tasa de desempleo de las mujeres rurales pasó del 11,1 % al 17,7 % entre mayo y agosto de 2020, en comparación con el mismo período del año anterior.