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La crisis sin precedentes de la pandemia ha traído a la disciplina de las ciencias económicas discusiones que usualmente no son presentadas por la teoría convencional y, por lo tanto, están lejos de ser enseñadas en los programas de economía, dominados por la corriente principal.
En términos de políticas de ingreso, partidos políticos y actores académicos han discutido diversas aproximaciones a programas como el ingreso básico universal (IBU) para enfrentar los efectos macroeconómicos que el choque conjunto de demanda y oferta ha causado en la economía global.
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Una propuesta poco discutida en Colombia, pero que hace parte de las agendas de sectores progresistas en otros lugares del planeta, es aquella en la que el gobierno central actúa como empleador de último recurso (ELR) de quienes quieran, puedan y deseen trabajar por un salario mínimo establecido por la comunidad. Esta propuesta se conoce como programa de trabajo garantizado (TG).
Los programas de TG dependen del gobierno central y pueden estar asociados a labores del cuidado familiar, el mantenimiento de infraestructuras públicas de sencilla reparación (señales de tránsito, cuidado de parques y jardines) e incluso a las industrias culturales populares. Propuestas en esta línea son claves, pues la economía colombiana es una de las más golpeadas en términos de desempleo, ya que durante los primeros cinco meses desde la implementación de la cuarentena estricta la tasa de desocupación se incrementó significativamente respecto a marzo.
El esquema de TG funciona como un estabilizador automático de empleo. Cuando el ciclo económico enfrenta una recesión, el desempleo aumenta y quienes son desplazados de sus empleos pueden pasar a ser parte del programa de TG. Por otra parte, cuando la economía enfrenta una expansión, el sector privado puede encarar el incremento en demanda contratando trabajadores que se encuentran en el esquema TG. Además, el programa sirve como un ancla de precios y es una herramienta para el control de la inflación sin la necesidad de mantener un nivel de desempleo como lo plantea la teoría económica convencional.
Esta propuesta difiere de la perspectiva de quienes siguen viendo el mercado de trabajo como el de cualquier otra mercancía, en el que los ajustes se dan por medio de precios (salarios). Propuestas afines a dicha perspectiva se han escuchado en las últimas semanas, como aquella que sugiere que este año el salario mínimo suba menos que la inflación, en contravía de los acuerdos institucionales de Colombia. Pensar más allá de lo establecido es el reto que tienen los economistas en tiempos de crisis profundas, rompiendo los paradigmas establecidos, como lo hizo John Maynard Keynes en la gran depresión de los años 30.
Los esquemas de TG suelen ser cuestionados por su financiación, pero la pandemia ha mostrado que incluso bancos centrales, como el Banco de Inglaterra, han podido comprar títulos de deuda del gobierno en el mercado primario para financiar gasto social urgente.
Estos cambios pueden abrir la puerta a otros debates, pues un Estado con soberanía monetaria tiene una capacidad ilimitada para contratar a aquellas personas que quieran, puedan y deseen trabajar en tareas que la sociedad considere necesarias por un salario mínimo establecido en conjunto con la comunidad.
Los programas de TG generan beneficios a los ciudadanos debido a un multiplicador social. Ha sido documentado que el desempleo es uno de los principales factores de la pobreza, así como determinante de otros problemas y conflictos sociales, como el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia, un flagelo que se ha incrementado con la pandemia en Colombia. Un esquema de TG puede ayudar a corregir la tendencia de la economía colombiana de un crecimiento sin empleo, pues a comienzos de los años 90, por cada punto porcentual de aumento del PIB, la ocupación creció 1,8 %, mientras que en 2017 la tasa era apenas de 0,6 %.
Adicionalmente, debemos reconocer que Colombia, como otros países, enfrenta, además de la pandemia, una crisis climática. Por esto, pensar en un TG para el país se hace necesario, pues permite replantear el trabajo y su calidad desde otra perspectiva. Se debe discutir entonces la creación de nuevos trabajos “verdes” para hacer frente a la crisis ambiental, pues existen actividades enfocadas a este tipo de labores, como guardabosques, cultivos agroecológicos y en general procesos de recuperación de fuentes hídricas y aprovechamiento de residuos sólidos.
En este sentido, un programa de TG no es una simple herramienta temporal, sino un esquema que se puede robustecer con la experiencia para blindar del drama del desempleo a las crisis venideras.
* Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas e investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia.
** Profesor asistente en Bemidji State University.
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