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La señora Azucena, recia santandereana y cabeza de hogar, trabaja para una empresa que presta servicios de aseo a casas y oficinas. Le pagan quincenalmente sobre la base de un salario mínimo, cumpliendo con los aportes y prestaciones de ley; eso sí, en función de las jornadas trabajadas. En 48 días, desde el inicio de la cuarentena hasta la apertura parcial, la señora Azucena recibió una remuneración correspondiente a cinco días de trabajo. Este caso ilustra la lógica imperante de transferir a los empleados la mayor parte de los costos del pobre desempeño económico.
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Esto se ha acentuado con la crisis, la cual representó la pérdida de 2,6 millones de empleos en septiembre del presente año con respecto al mismo mes del año anterior. En respuesta, algunos líderes y analistas han propuesto un incremento del salario mínimo inferior a la inflación. En su más reciente análisis de coyuntura, la Nota Macroeconómica n.° 27 de octubre pasado, investigadores y profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes sugieren —sin decirlo abiertamente— que no es conveniente mantener como piso del incremento del salario mínimo la inflación causada. Este camino implica el incumplimiento de la sentencia C-815/99 de la Corte Constitucional, que tiene como fin salvaguardar el poder adquisitivo de la población trabajadora.
La lógica detrás es simple: analizar el mercado laboral como cualquier otro e independientemente de los demás. Así, si aumentan los salarios (el precio), menos personas serán contratadas (se reduce la demanda), aunque más personas quieran trabajar por esa remuneración (aumenta la oferta). Entonces, para evitar que aumenten el desempleo, el subempleo y la informalidad, la fórmula también es simple: contener el aumento de los salarios y, si es posible, bajarlos. Aunque es una idea vieja, se ha reciclado con propuestas como la de no aumentar salarios ni pagar primas o la de pagarles a los jóvenes salarios inferiores al mínimo.
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Sin embargo, esta lógica ignora factores característicos y relevantes del mundo laboral. En primer lugar, el mercado laboral no es un mercado aislado. Solo para ilustrar el punto, tengamos en cuenta que la canasta familiar está conformada por 443 productos; la cual sirve de referencia para el cálculo del índice de precios al consumidor, que a su vez es determinante en el cálculo de la inflación y, por lo tanto, en el aumento del salario mínimo. El consumo de los hogares representa casi el 70 % del producto interno bruto, haciendo que el ingreso de los trabajadores sea la punta de lanza de la demanda agregada. Por ello, aumentar los salarios por debajo de la inflación o no incrementarlos reducirá los costos laborales, pero provocará una caída aun mayor de las ventas y utilidades. Por eso, bajar los salarios no paga.
En segundo lugar, el salario mínimo no se fija en el mercado. En primera instancia, por medio de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, se pone el debate en manos de los miembros de sindicatos, gremios y del Gobierno nacional. Allí se da la posibilidad de llegar a un acuerdo institucional de forma anticipada. Sin embargo, solo en ocho de las 23 negociaciones se ha logrado un acuerdo entre gremios y sindicatos. En las otras quince, el Gobierno ha definido el salario por decreto.
Al respecto es importante preguntarse: ¿el Gobierno es imparcial al fijar el salario mínimo? Hay razones para suponer que no tanto. Por un lado, el Gobierno es el principal empleador del país. Solo los servidores públicos de la rama Ejecutiva del Gobierno nacional representan el 24 % de los empleados formales de las 23 principales ciudades. Así, cuando se habla de incrementos salariales, el Gobierno es el primero en preocuparse. Por otro lado, la gratitud del gobernante de turno está dividida entre la ciudadanía que lo votó y la que, además de votarlo, lo financió. Sabemos que la mitad de los hogares colombianos que ni siquiera gana un salario mínimo no es la que financia las aventuras electorales de temporada.
¿Qué hacer entonces? Primero, es necesario que los trabajadores informales participen de la negociación salarial. Los discursos de economistas, sindicalistas y empresarios, así sean bien intencionados, no deben sustituir la voz de más de cinco millones de personas que trabajan informalmente. Segundo, el incremento de los salarios nominales debería estar al menos dos puntos porcentuales por encima de la inflación, manteniendo el incremento real promedio de la pasada década. Un incremento que además podría ser distributivamente progresivo: que el incremento sea mayor para los salarios más bajos y menor para los salarios más altos. ¿Cómo financiarlo? Con recursos públicos que cofinancien directamente las nóminas de los empleados formales y mantengan por un término fijo las transferencias de ingreso solidario a los trabajadores informales que devengan menos de un salario mínimo. El mercado laboral es institucional y se debe abordar institucionalmente.
*Estudiante de Economía de la Universidad Nacional; @Camilo_L323.
**Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas e investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional; @jmperdomo1.
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