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Se necesita una reforma estructural que responda a los verdaderos problemas que afectan al sector y que involucre a todos los agentes y actores. Las EPS no serán un obstáculo para que el Gobierno y el Congreso determinen lo que deberá contener la reforma y confía en que estos órganos del poder público actúen con la mayor responsabilidad y tranquilidad, pensando en el bien de los 41 millones de afiliados y de los cerca de 400.000 funcionarios que tiene el sistema de aseguramiento y prestación.
En general, se desconoce el papel que durante casi dos décadas han prestado las EPS para gestionar la salud de sus afiliados y vigilar el gasto de manera que éste no se desborde. Reemplazarlas en estas difíciles funciones por un ente central único, dependiente del Ministerio de Salud (Mi-salud), suena bien para muchos, pero podrá ser contraproducente en pocos años, porque se estará constituyendo un monopolio estatal de inmenso poder que manejará anualmente cerca de 25 billones de pesos, tendrá la responsabilidad de garantizar atención preventiva y curativa a 41 millones de afiliados, deberá auditar millones de cuentas médicas y pagará directamente a cerca de 15.000 prestadores.
Es lamentable que el esfuerzo que se venía adelantando para unificar los regímenes contributivo y subsidiado ahora se trunque y que se entregue el manejo del régimen subsidiado a los entes territoriales lo cual es una medida riesgosa, primero porque la mayoría de éstos carece de la competencia técnica para el manejo del aseguramiento y luego porque existe el peligro de la politización y el clientelismo. No es claro aún cómo se procederá a escoger los llamados gestores ni cuáles serán sus responsabilidades, ni cómo se constituirán las alianzas o redes, ni cómo se ejercerá control sobre la demanda inducida y sobre precios y tarifas.
Con el reconocimiento de que el POS es integral y lo cubre casi todo, los cambios en la carga de enfermedad con mayor peso de la patología crónica y de alto costo y la incorporación permanente de nuevas tecnologías y medicamentos, el sistema se está volviendo un “potro desbocado” en materia financiera, de forma que el presupuesto nacional deberá prepararse para asumir enormes e incontrolados costos que posiblemente elevarán el gasto en relación con el PIB a más del 10% en pocos años.
Ojalá el país aproveche la reforma anunciada para incorporar soluciones efectivas y sostenibles y de esa forma dar a los colombianos los servicios oportunos, integrales y amables que garanticen el derecho pleno a la salud.
* Presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).
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