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Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica plantearon acciones que en su concepto contribuirían para lograr la cobertura total del servicio de energía eléctrica en todo el país y acelerar la transición energética. Para conseguir este objetivo se requieren inversiones por cerca de los $8 billones, según estudios oficiales.
Prestar el servicio a toda la población es un punto central y aunque Colombia está por encima del promedio latinoamericano, es prioridad alcanzar este objetivo por tarde en el año 2030, plantea el director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur.
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Para alcanzar esta meta, deben implementarse Planes de Energización Rural Sostenible, para lo cual se necesita que el Ministerio de Minas y Energía establezca unos lineamientos que implicará llegar a los lugares que aún no disponen del servicio, señala Manzur.
El dirigente gremial destacó que de esta forma el sector de distribución estará en capacidad de realizar los proyectos que tienen un costo medio más alto y de incorporar las microrredes y soluciones aisladas, que servirán para aumentar la cobertura.
Según estudios de la la UPME para llevar el servicio a la población que hoy no lo tiene se requieren inversiones cercanas a los $8 billones.
“Es importante además que puedan considerarse modelos de innovación en los cuales se articulen mecanismos de expansión de cobertura, sin recurrir a recursos fiscales de la Nación, sino optimizando los fondos parafiscales ya existentes como el Prone (Programa de Normalización de Redes Eléctricas), Faer (Fondo de Apoyo Financiero Para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas) y Fazni (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas)”, sostuvo el director de Asocodis.
En cuanto a la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), el gremio indicó que solicitó al Ministerio de Minas y Energía ampliar el plazo de noviembre 30 para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) termine los estudios, revise su propuesta y vuelva a someter a consideración de todos una propuesta integral y que permita avanzar en la implementación.
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La AMI y la digitalización son la herramienta fundamental para avanzar en la transformación y transición energética, por eso la propuesta de la CREG debe revisarse para garantizar que el esquema sea sostenible.
Solo así se puede alcanzar la meta que tiene el Gobierno de tener el 75% de los usuarios cubiertos con la Infraestructura de Medición Avanzada para 2030.
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