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Un borrador de Conpes, divulgado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para comentarios, que define la que sería la política para la reactivación económica y el crecimiento económico sostenible, plantea hacer ajustes que permitan reducir los costos de contratación de mano de obra formal.
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El documento de 252 páginas asegura que la crisis generada por la pandemia hizo aún más evidente los altos costos, en especial los tributarios, de nómina y de apertura y cierre, que enfrentan los empresarios y los obstáculos que estos representan para el crecimiento de la productividad. Este escenario explicaría la disminución en la probabilidad de crear y mantener empleos formales.
Según el DNP, los costos de la nómina de los empresarios representan entre el 9 % y el 22 % de su utilidad bruta anual. Además, los costos laborales no salariales en Colombia son mayores que en los demás países de la región y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al respecto, un estudio del Centro de Estudios Económicos Anif reveló que un incremento del 1 % en los costos no salariales estaría reduciendo en un 0,4 % los niveles de formalidad.
Incluso el Conpes reconoce que hay un costo adicional sobre la utilidad bruta anual del 34,3 %, 35,3 % y el 46 % para las micro, pequeñas y medianas empresas, respectivamente, que se formalizan, “estos costos no solo representan una carga elevada sobre sus ingresos brutos, sino que, además, les restan competencia frente a sus pares informales limitando su crecimiento, productividad y generación de empleos de calidad”.
El borrador de política pública también advierte un alto costo en el despido de los trabajadores de hasta un 8 % sobre el valor del salario del empleo. También refiere que hay altos costos tributarios y trabas administrativas: “solo para los impuestos nacionales, un empresario debe realizar en promedio 15 pagos al año y todo el proceso de preparación, declaración y pago le toma cerca de 239 horas”.
En el Conpes se hace un recuento de las características del mercado laboral colombiano y sus altas tasas de desempleo e informalidad, así como las complicaciones de esta realidad en el marco del COVID-19
Vale la pena recordar que para el mes de agosto de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 16,8 %, lo que significó un aumento de 6 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (10,8 %). El DNP recordó además que mayores reducciones en el empleo se han presentado en la población con educación básica primaria y secundaria (-22,5 %) y educación media (-19,8 %).
La entidad citó además un estudio de ManpowerGroup que advierte que para 2018, 42 % de los empresarios en Colombia presentaron dificultades en la contratación de personal, principalmente por la falta de experiencia laboral, de competencias y de habilidades específicas.
“Esta crisis puede aumentar las brechas ya existentes en el país en temas de sostenibilidad, es decir, la baja oferta de servicios o productos sostenibles, pocos perfiles técnicos y académicos orientados a la sostenibilidad, y por ende, bajas capacidades en el sector productivo, rezago en las inversiones verdes, las políticas laborales, los empleos emergentes y la oferta académica, lo que trae grandes retos y oportunidades para la formación y el empleo del capital humano”, resalta el Conpes.
De hecho, el documento describe un escenario que golpearía aún más el mercado laboral, donde este año la economía caería 7,8 %, las empresas enfrentarán una disminución de la demanda (hasta ahora de 69,1 %), especialmente en los sectores de industria y comercio, y se prevé una lenta recuperación en los ingresos.
Según el DNP, la Política para la Reactivación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente (PRCSI) “incluye acciones para generar soluciones que sean integrales, complementarias entre sí y con efectos duraderos en el tiempo” en los siguientes frentes: hogares, con acciones encaminadas a reducir el incremento y la vulnerabilidad económica de los hogares y mitigar la desacumulación de capital humano que ha acentuado la pandemia; sector productivo, con acciones para reforzar su capacidad para transitar hacia una producción más sostenible y sofisticada; Gobierno, con acciones para reforzar las capacidades institucionales necesarias para soportar el óptimo desarrollo del 4 proceso de reactivación; y, finalmente, el desarrollo digital, con acciones para acelerar, complementar y fortalecer los habilitadores digitales.
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