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A finales de 2017, ante las quejas de usuarios y consumidores que notaron cómo sus iPhone se ralentizaban al actualizar a las versiones 10.2.1 y 11.2.0 del sistema operativo iOS, la empresa explicó que había introducido un algoritmo para ralentizar su rendimiento cuando el procesador alcanzaba picos de alta potencia y evitar así que el ‘smartphone’ se apagara de forma repentina.
Este algoritmo se introdujo en las familias iPhone 6, 6s, SE y 7 para suavizar estos picos de exigencia, es decir, modelos antiguos para los sistemas operativos más recientes. Con esta herramienta Apple defendió su uso para limitar la potencia disponible de la batería o distribuir la demanda de energía durante varios ciclos.
No obstante, los consumidores estadounidenses descontentos lo identificaron como una forma de obsolescencia programada, ideada para que cambiaran sus iPhone por modelos más actuales, e iniciaron acciones legales contra la compañía en una demanda colectiva.
No obstante, más de dos años después, en un acuerdo extrajudicial, Apple accedió a pagar entre US$310 millones y US$500 millones a los usuarios afectados, según el número de reclamos presentados. Esto significa, como se lee en el texto compartido con la autorización del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, el pago de 25 dólares por dispositivo afectado siempre que cumpla las condiciones acordadas.