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Por vulnerar derechos de los usuarios, SIC multa a ETB y a Directv

Mientras ETB se negó a finalizar la prestación de servicios cancelados, Directv incumplió la promoción de servicios de telefonía e internet gratuitos.

En ambos casos la SIC encontró vulneración a los derechos de libre elección y de que se hagan efectivas las promociones y ofertas.
En ambos casos la SIC encontró vulneración a los derechos de libre elección y de que se hagan efectivas las promociones y ofertas.

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a ETB y a Directv por incumplimientos en la prestación de sus servicios.

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Por un lado, la entidad encontró que ETB vulneró el derecho de libre elección de sus usuarios al dejar de atender las solicitudes de terminación de contrato que estos presentaron en los términos previstos en la regulación. Específicamente la empresa no tramitó el requerimiento en 18.424 casos y continuó prestando y facturando el servicio.

De igual manera, la SIC evidenció que en algunos casos ETB omitió también su obligación de conservar las copias de los contratos de prestación de servicios, así como las evidencias de modificaciones a los mismos en los términos señalados por el regulador.

Por estos hechos se calculó una sanción que supera los $1.366 millones, equivalente a 1.557 salarios mínimos. Al cuantificar la multa la Supercomecio tuvo en cuenta que en 2017 ya se había condenado esta misma conducta. También se consideró la acción de mejora implementada por el proveedor y los desistimientos suscritos por los usuarios que fueron aportados por la empresa.

Por otro, la SIC determinó que Directv incumplió la promoción en la que les ofreció a los usuarios meses gratis por la instalación de los servicios de telefonía e internet y descuentos del 50 % de cargos fijos mensuales. También encontró que la empresa entregó a los usuarios información incompleta en relación con los términos y condiciones de la alianza con ETB para la prestación de los servicios mencionados, vulnerando sus derechos.

Por estos hechos la multa impuesta asciende a $728 millones, equivalente 830 salarios mínimos.

Contra las decisiones proceden el recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y en subsidio el de apelación, ante el Despacho de la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor.

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