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El Juzgado 70 de garantías de Bogotá negó la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento presentada por la defensa del exconcejal de Bogotá Orlando Parada, procesado por su presunta participación en el denominado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
El juzgado acogió los argumentos de la Fiscalía General según los cuales no existe nueva evidencia provatortia que permita modificar la inferencia razonable de autoría que pesa en contra del exconcejal y las cuales fueron la base para la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario. Parada es investigado por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
Según el ente investigador, el excabildante habría utilizado su posición política y social para influir en la entrega de contratos viales y del sector salud durante la administración de Samuel Moreno Rojas. Por estos hechos se le acusará por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio.
La investigación tiene relación con la presión que haría ejercido en contra del entonces director Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández Daza –condenado por el ‘carrusel’- para que este lo ayudara en la adjudicación de contratos viales con el fin de lograr comisiones dirigidas a financiar su campaña política.
Igualmente se habría comprometido con un grupo de contratistas y empresarios para beneficiarlos en las licitaciones en las que tenían interés. Para esto recibió una multimillonaria comisión. La Fiscalía basó su acusación en los testimonios entregados y documentos recolectados que hacen referencia a los hechos que han rodeado el denominado mayor escándalo de corrupción administrativa en la capital de la República.
“(Parada) lesionó la administración pública, al utilizar indebidamente las influencias derivadas de su cargo (…) al no obrar con imparcialidad, pulcritud, transparencia y moralidad en su gestión, toda vez que la misma no iba dirigida al beneficio de las comunidad como ordena la constitución y la ley, sino al propio”, precisa uno de los apartes del escrito de acusación.
El concejal se encuentra privado de la libertad en la Cárcel La Picota de Bogotá después de que una jueza de garantía considerara que con su actuación representa un peligro para la sociedad y que podría afectar la investigación que se adelanta en su contra.
La pena por cada delito parte de un mínimo de 32 a 90 meses de prisión; igualmente es el mínimo tiempo de inhabilidad para ejercer funciones públicas.
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