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La Fiscalía General cuenta con 64 pruebas documentales (entre médicos forenses y especialistas en balística) así como 58 testigos en el proceso que se adelantará contra los coroneles de la Policía José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo por su presunta participación y responsabilidad en los hechos que rodearon la manipulación de los elementos materiales probatorios en el lugar donde el joven Diego Felipe Becerra recibió un disparo mortal por parte de un patrullero en la noche del 19 de agosto de 2011.
El ente investigador buscará demostrar en juicio que los dos oficiales conocieron de primera mano sobre la ubicación de un arma de fuego en el lugar de los hechos con el fin de desviar la investigación. Por estos hechos fueron acusados formalmente ante un juez de conocimiento por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravado por el uso ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y favorecimiento en homicidio.
Según la Fiscalía los dos coroneles, quienes actualmente se encuentran privados de la libertad, habrían recibido informes de sus subalternos y pocos minutos después se hicieron presentes en el lugar donde minutos antes el patrullero Wilmer Antonio Alarcón le había disparado al joven de 16 años por motivos que aún son motivo de investigación. En ese instante otros dos uniformados habrían buscado un arma de fuego en un CAI cercano y después de dispararla en un canal de aguas lluvias la ubicaron para acusar posteriormente al joven grafitero de dispararle al uniformado.
Pocos días después de los hechos un conductor de un bus de servicio público y su compañera sentimental manifestaron ante los medios de comunicación que habían sido víctimas de un asalto por parte de Becerra y otros dos jóvenes. Sin embargo, las autoridades notaron incongruencias en su dicho y comprobaron que para el día de los hechos el bus no estaba en servicio. Estos dos civiles actualmente se encuentran procesados y privados de su libertad.
Se espera que en los próximos días, un juez de conocimiento determine si avala la solicitud para unificar los procesos que se adelantan en contra de los dos coroneles, el patrullero Alarcón, cuatro uniformados y dos civiles al considerar que esto agilizaría la administración de justicia.
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