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El Consejo de Estado le solicitó al Congreso de la República la adopción de medidas para impedir el despido de mujeres que estén vinculadas a la entidad que se encuentren en estado de embarazo o en periodo de lactancia.
El alto tribunal manifestó la importancia de planear y ejecutar diversos mecanismos para la próxima legislatura, que inicia el próximo 20 de julio, con el fin de que se eviten estos hechos. Igualmente se indica que en el caso de que se determine que se incurrió en una infracción al fuero de maternidad se le ordene el reintegro por vía judicial y se debe hacer una reubicación.
La decisión se tomó después de condenar al Senado y a la Cámara de Representantes por los perjuicios morales sufridos por una mujer que estando en embarazo debió renunciar a la UTL del representante Julio Enrique Acosta Bernal en 1997.
En la sentencia se estableció que el congresista presionó la renuncia y la aceptó, sin competencia para hacerlo y al margen de la protección especial a la que la gestante tenía derecho. Por tanto, fue condenado a título de responsabilidad por culpa grave, a reembolsar el valor de la condena. Por estos hechos se ordenó el pago de su bolsillo de una indemnización.
En el caso materia de estudio se determinó que se presentó una falla en la resolución que aceptó su renuncia. Así como en las omisiones en las que incurrió las partes demandadas tras no atender la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó su reintegro.
“Aunque la administración solventó lo patrimonial, relacionado con sufragar todos los salarios y prestaciones a que tenía derecho la actora, al igual que lo relacionado con las contingencias de salud y pensión, dejó pendiente lo relativo a la reparación integral, si se considera que la demandante no sólo sufrió menoscabos de orden económico, sino moral de índole discriminatorio no justificado, que exigen compensación y garantías de no repetición”, precisa uno de los apartes de la sentencia.
En este sentido se consideró que se vulneraron gravemente las garantías de estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada y acceso efectivo a la administración de justicia, en la medida que se dilató injustificadamente el cumplimiento de una decisión judicial.
El tribunal de lo contencioso administrativo le ordenó además al presidente de la Cámara de Representantes que se le ofrezcan excusas privadas; y como medida de garantía de no repetición, el llamado al Congreso para que la situación no se vuelva a presentar.
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