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Corte negó impedimento de magistrado ponente en proceso contra Iván Moreno

El alto tribunal consideró que no existe ninguna razón para que el Fernando Castro Caballero se aleje del estudio del caso que se le adelanta al excongresista por el ‘carrusel’.

20 de mayo de 2014 – 06:41 a. m.

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Por improcedente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el impedimento presentado por el magistrado Fernando Alberto Castro Caballero para separarse del conocimiento del proceso que se adelanta por tres delitos contra el excongresista Iván Moreno Rojas por el denominado ‘carrusel de la contratación’. (Ver Magistrado ponente presentará impedimento en proceso contra Iván Moreno)

En el fallo de 19 páginas, la Sala aceptó los argumentos esgrimidos en los tres recursos presentados por el magistrado al considerar que no habían pruebas para avalar un impedimento para emitir una deción de fondo. “Pese a invocar una especifica casual de impedimento no dijo por qué sus hermanos o él podrían tener interés en la actuaciones, y por el contrario, expuso los motivos por los cuales carecen del mismo, amén de que contratando la mecánica dispuesta por el legislador”.

En las tres oportunidades, la Sala considera que no existe un argumento válido para que el togado, a quien por reparto el 2 de diciembre de 2011 le tocó el conocimiento de este caso, se aleje de tomar una decisión de fondo. El pasado 31 de julio finalizó la recolección de elementos materiales probatorios y los alegatos de conclusión en este juicio que duró dos años y medio. (Ver Magistrado ponente presentará impedimento en proceso contra Iván Moreno)

La Corte consideró que el magistrado “no invocó una especifica causal de impedimento, no expresó las razones por las cuales podría afectarse su ecuanimidad en el asunto donde funge ponente y no corresponde a la Corte, dentro de sus competencias regladas, “analizar supuestos de hecho en el ámbito de los impedimentos para establecer si el doctor Fernando Castro se encuentra o no impedido”.

En la sesión celebrada el pasado 7 de mayo el alto tribunal se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre la solicitud presentada por Castro Caballero al avalar los argumentos esgrimidos en los recursos presentados desde el 24 de abril, en los cuales hacía referencia a los señalamientos hechos en su contra en una columna del periodista Daniel Coronell en la Revista Semana en los que indicaba la relación entre una de sus hermanas y el denominado Grupo Nule, así como un hermano y un testaferro del contratista Emilio Tapia.

En este punto se consideró que estos hechos no comprometen su imparcialidad, independencia y ecuanimidad en este proceso. Para los magistrados, no se puede avalar el hecho de que un “observador razonable” considere que se está presentando una falla ya que esto solo queda en meras especulaciones y señalamientos, lo que es insuficiente para “dar pábulo a la separación del proceso” del magistrado ponente.

“Con su reconocimiento se introduciría sin más, como causal impeditiva sin fuente formal, la especulación y conjetura sobre lo que posiblemente un tercero ajeno al proceso pueda pensar acerca de la imparcialidad del funcionario judicial en un caso especifico, en evidente contrariedad de la jurisprudencia que en forma pertinaz y profusa ha resaltado el principio de taxatividad de las causales de impedimento”.

Finalmente se indica que pese a que el magistrado Castro señaló que la Sala no se ha pronunciado de fondo al respecto “base reiterar que en materia de impedimentos no es a él a quien corresponde hacer la declaración en tal sentido, desde luego, con la obligación de acreditar que se encuentra incurso en el supuesto de hecho de la causal acudida, de manera que si así no ha procedido, de manera que si así no ha procedido, no podía esperar de la Sala de Juzgamiento un pronunciamiento sobre el particular”.

Moreno Rojas se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá desde septiembre de 2010. Es procesado por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y concusión por su conocimiento el considerado mayor escándalo de corrupción administrativa en la historia de Bogotá, 

Por haber cobrado comisiones para la entrega de contratos viales en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno Rojas a un grupo de contratistas el entonces senador fue destiuido en 2011 e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría General. Igualmente el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura.

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