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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está investigando a 86 funerarias, a nivel nacional, para verificar las condiciones e información que se ha suministrado a los consumidores acerca de las modificaciones y restricciones en los costos en la prestación de los servicios funerarios, así como de los canales de atención.
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La investigación se dio luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas irregularidades como: demoras en la prestación del servicio, deficiente manejo de la información brindada a familiares de personas fallecidas y cobro adicionales, aprovechando la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19.
Además, se requirió a los prestadores de servicios funerarios para que informen sobre los procedimientos de bioseguridad. De acuerdo con la Guía GIPG08 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, los prestadores de servicios funerarios deben cumplir con las recomendaciones frente al manejo seguro, transporte y disposición de cadáveres infectados por el virus COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de contaminación.
“En caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores, como información engañosa o insuficiente, cláusulas abusivas, falta de calidad, idoneidad, seguridad u otra infracción en términos del Estatuto del Consumidor podrán imponerse multas hasta por 2.000 SMMLV”, indicó la SIC.
Y también podrán imponerse multas hasta por 1.000 SMMLV en caso de no responderse en término y de manera completa el requerimiento de la entidad.
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.
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