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El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado manifestó que las protestas que se están adelantado en el denominado Paro Agrario, así como ninguna protesta social, puede criminalizase por parte de las autoridades y organismos de control y vigilancia.
En este sentido aseguró que el Estado debe brindarles protección a las personas que participen en las mismas, sin embargo los manifestantes deben proteger el bien general y los intereses de aquellos que no hagan parte de las manifestaciones.
“Pero así como existen deberes de la Institucionalidad respecto a la protesta social, sus organizadores no deben afectar al resto de los ciudadanos ni el interés general”, precisó el jefe del órgano de control disciplinario.
Igualmente el jefe del Ministerio Público señaló que “la protesta debe hacerse dentro del ordenamiento jurídico, se debe realizar pero respetando los derechos de los que no están vinculados con ella”.
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