Procuraduría llamó a juicio disciplinario a dos coroneles de la Policía por caso grafitero

Los oficiales tendrán que responder en juicio disciplinario por presuntamente haber tenido conocimiento de primera mano sobre la ubicación de un arma de fuego, de manera predeterminada, en la zona “obstaculizando” de esta manera “de forma grave” el curso de la investigación que se adelantaba para esclarecer estos hechos por parte del CTI de la Fiscalía General. (Ver ‘Con pacto de silencio se quiso ocultar participación de coroneles en caso grafitero’)

“Con el fin de ocultar la conducta punible de uno de los patrulleros, permitió que se ingresara un arma para hacer pasar al occiso por un delincuente; conllevando además, a que sin ninguna justificación, se retardara la entrega de la escena del crimen al CTI por parte de los policiales que estaban realizando el procedimiento”, precisa uno de los apartes del documento de 154 páginas. (Ver ‘Coroneles participaron manipulación de escena del crimen en caso grafiero’)

En este sentido se indica que con su actuar habrían incurrido en una falta gravísima a titulo de dolo, puesto que habrían vulnerado los artículos 2 y 123 de la Constitución Política de Colombia, así como la frente al papel de los servidores públicos para proteger a la comunidad. Así como el artículo 734 frente a la obstrucción de una investigación adelantada por las autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control.

Por estos mismos hechos la Procuraduría General le formuló pliego de cargos al teniente Rosemberg Madrid Orozco; el subintendente Juan Carlos Leal Barrero y los patrulleros Nelson Rodríguez y Fredy Esneider Navarrete. Todos ellos, actualmente, se encuentran privados de su libertad en el marco de un proceso penal que se les adelanta.

La alteración de la prueba

En el proceso se tuvieron en cuenta pruebas documentales y testimoniales, principalmente de otros uniformados implicados, que indican que los coroneles sí hicieron presencia en el lugar de los hechos después de que se transmitiera la información sobre un enfrentamiento entre un patrullero y un civil, este último había fallecido en un centro asistencial.

“(…) A través de las etapas surtidas en el transcurso del presente proceso, en principio se ha establecido que el señor coronel Vivas Báez, por haber hecho contacto con el sitio de los hechos, posiblemente actuando en conjunto, tal como se desprende de las versiones dadas en el proceso penal por varios de los policiales, así como toda la prueba técnica y testimonial recaudada, se puede deducir que presuntamente dicho oficial superior se encuentra inmerso en la falta disciplinaria que se le endilga”, precisa el pliego de cargos.

Para el órgano de control disciplinario la mayoría de los testimonios recaudados y trasladados del proceso penal dejan inferir que los coroneles estuvieron en el lugar de los hechos a las pocas horas de que se registrara la acción. Así como las reuniones que sostuvieron en la zona con otros uniformados y personal de la Institución.

En este punto se llama la atención sobre la activa participación el abogado Héctor Ruiz, quien fue el encargado de elaborar el informe de primer respondiente, hecho denunciado por los agentes del CTI quienes alertaron que se les impidió en repetidas oportunidades realizar su trabajo para enmarcar el lugar e iniciar la recolección de elementos materiales probatorios.

Se indica además que según las pruebas técnicas y periciales el arma que se encontró en la escena del crimen, y la cual le fue adjudicada al joven de 16 años, a quien además se le acusó de pertenecer a una banda de atracadores dedicada al hurto de buses de servicio público, no funcionaba de manera correcta y que debía ser accionada por un experto en armas.

En el proceso también se tuvo en cuenta una prueba trasladada del proceso penal que se le adelantó al patrullero Wilmer Antonio Alarcón en la que se hace referencia al hecho de que la escena fue alterada para proteger al uniformado que le propinó el disparo mortal al joven, cuyas razones se desconocen hasta la fecha.

“’Hicieron presencia y conocían situación el coronel Vivas a quien se refiere al oficial de academia, un oficial de la Sijín, los policiales del CAI antes mencionados, que todo fue un montaje de la policía para justificar el actuar del patrullero Alarcón, que inclusive estaban consiguiendo el arma desde la misma Metropolitana de Bogotá, que al patrullero Alarcón le cobraron el arma y este la pago (sic), que se pactó un silencio entre las partes, sepulcral, podría decirse cuando afirma en su interrogatorio que se moría el que hablara’”, indica.