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El paro agrario convocado por la Cumbre Agraria Étnica y Popular parece que seguirá, por lo menos, hasta el martes entrante, cuando se llevará a cabo una reunión extraordinaria de la Mesa Única Nacional, donde el Gobierno Nacional y las organizaciones que están en pie de protesta buscarán llegar a compromisos que solucionen las diferencias. Lo que ha pasado en estos días, sin embargo, es una buena oportunidad para mirar uno de los temas más complejos que enfrenta el proyecto de construcción de un nuevo país.
Es inevitable empezar por la violencia. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), durante estos días de paro han muerto tres personas y otras 135 han resultado heridas. La participación, según denuncias, de la Fuerza Pública en muchos de esos hechos pinta un panorama preocupante y hace necesario pedirle al Estado que haga todo lo posible para que las autoridades no respondan de manera violenta a las manifestaciones. Las investigaciones tendrán que darse y ojalá resulten en la identificación de los responsables, como bien lo pidió la Procuraduría y como el Gobierno se ha comprometido a hacer.
No sobra, tampoco, pedirles a los líderes agrarios que sean vehementes en cada una de sus actuaciones y declaraciones en desligarse de quienes buscan utilizar el paro como un arma de guerra. Que sus reivindicaciones, justas y necesarias, no se vean secuestradas por personajes con intereses ilícitos. La fuerza de su voz pasa por esa protección frente a la tentación de creer que la violencia los fortalece. Todo lo contrario.
También debe celebrarse el cambio discursivo en los últimos tres años del gobierno de Juan Manuel Santos: desde la infame negación hemos llegado a una apertura al diálogo. Desde el inicio de las protestas, los ministerios afectados por los temas agrarios, encabezados por el del Interior, han viajado a las regiones y reiterado el compromiso del Ejecutivo de cumplir sus promesas. Eso ha permitido alcanzar algunos acuerdos previos y ojalá desencadene en una reunión fructífera el próximo martes.
El tema, no obstante, es complejo. Pese a la disponibilidad del Gobierno a conversar, y a las sesiones de la Mesa Única y de varias mesas departamentales, la Cumbre Agraria siente que todo se queda en discursos. La Defensoría del Pueblo, en un informe presentado esta semana, parece darle la razón. Según la entidad, el Gobierno ha cumplido sus compromisos en un 42 %, pero en muchos aspectos esenciales no se ha progresado ni un poco. Un ejemplo claro es la reglamentación de la Ley 1731 de 2014, que busca el financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial del país.
En una carta enviada al presidente en noviembre del año pasado, la Cumbre Agraria reclamaba, en el contexto de la aprobación de la Ley Zidres, que “mientras las comunidades agrarias no logramos luego de dos años de negociación acceder a nuestros derechos territoriales, los grandes inversionistas en menos de un año han logrado la atención prioritaria con todas las prerrogativas de su Gobierno”. Impactante contraste.
Algo similar ocurre con las críticas al modelo de erradicación de drogas. La Cumbre denuncia que la respuesta estatal consiste en militarizar y nada más, sin crear alternativas concretas de subsistencia para los campesinos de las zonas cocaleras.
En resumen, la petición es que el Gobierno les meta el diente sin miedo a proyectos ambiciosos que reformen verdaderamente el agro nacional. No es sencillo, por supuesto, pero sí es esencial, especialmente en la víspera del aterrizaje de un posconflicto que dependerá del campo para que no entremos en nuevas dinámicas de violencia. La tierra que tanta sangre ha visto necesita la atención inmediata para construir la paz
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