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La Procuraduría General le pidió a la Corte Constitucional el traslado de las pruebas relacionadas con el fallo de la acción de tutela que suspendió temporalmente la realización de la obra de la Vía de la Prosperidad en el departamento del Magdalena y todos los elementos que se han recolectado en el estudio de la misma acción judicial.
La determinación fue tomada por la procuraduría delegada que consideró que es menester el traslado de estas pruebas antes de tomar una decisión de fondo en el proceso disciplinario que se adelanta contra el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes y otros tres de sus funcionarios por las irregularidades en este proceso de licitación para la entrega de este multimillonario contrato.
Por estas razones fue aplazada de manera indefinida la diligencia en la cual se conocerá el sentido del fallo en este proceso. La defensa de los procesados ya le han pedido al Ministerio Público que emita una decisión absolutoria al considerar que no existen prueba que los vinculen con estas irregularidades.
Uno de los abogados defensores señaló que es necesario antes de tomar una decisión de fondo que se conozca el fallo definitorio de la Corte Constitucional que estudia una tutela radicada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte.
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