Colegio de Jueces y Fiscales pide pista para debatir la reforma a la justicia

Después de que todas las entidades de la Rama Judicial coincidieran en que es necesaria e inevitable una reforma a la Justicia, desde las altas cortes, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía han manifestado que tienen listos borradores para presentar una propuesta. Sin embargo, para el presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá, magistrado Álvaro Valdivieso –quien también preside la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá–, es necesario que se achuchen las voces de los jueces ya que son ellos quienes realmente conocen el diario vivir y los problemas que acarrea la justicia en Colombia. Agregó que los administradores de justicia son los que más sufren las consecuencias del sistema actual, ya que no se cuentan con las herramientas necesarias de trabajo, como por ejemplo, instalaciones de calidad y un salario digno.

Ya se han anunciado reuniones entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado para crear un proyecto conjunto. Pero el magistrado Valdivieso insiste en que a pesar de que no han sido invitados, la presencia del Colegio de Jueces y Fiscales es fundamental. “Ante la arremetida de la sociedad por las decisiones que han tomado distintos administradores de justicia, es obligatorio que los jueces participen del debate ya que estamos completamente legitimados”. A esta voz se unió la de otro miembro del Colegio y actual presidente del Tribunal superior de Bogotá, magistrado Eduardo Antonio Carvajalino: “Las reformas que anteriormente se han presentado son como pañitos de agua tibia. Es necesario consolidar una carrera judicial con estabilidad laboral, instalaciones adecuadas y remuneraciones dignas”.

“Cuando usted va a arreglar su casa necesita primero saber cuánto presupuesto tiene para luego reformarla porque si no, es como construir una casa en el aire. El sistema de oralidad es bueno pero no hay recursos para desarrollarlo ni medios para proyectarlo. No hay un proyecto ni un presupuesto serio. Y es que no podemos administrar justicia son las herramientas necesarias. Por ejemplo, en acá en los tribunales ni siquiera tenemos un buen servicio de internet para comunicarnos. Tenemos sólo nueve salas y los magistrados, tanto los del Tribunal de Bogotá como el Tribunal administrativo de Cundinamarca, tenemos que esperar turnos para realizar las audiencias. Estamos muy por debajo en términos de presupuesto y salarios con otros ministerios”, puntualizó el magistrado Carvajalino.

Otra de las voces más representativas del Colegio de Jueces y abogados que solicitó que las voces de los administradores de justicia fueran escuchadas en el debate del proyecto de reforma a la Justicia que dice tener el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, es el presidente del tribunal Administrativo de Cundinamarca, Leonardo Augusto Torres. Pese a que no se conoce ni una sola coma de la propuesta de Gómez Méndez, el magistrado Torres manifestó que el tema de plata en la Rama Judicial ha sido el común denominador de la mayoría de los problemas. “Desde la época del expresidente Julio César Turbay Ayala se habló de que se nos iba a entregar un 10% del presupuesto nacional. Eso nunca pasó porque siempre senos ha visto como la Cenicienta. Es necesario que se nos dé un presupuesto que sea establecido por la Constitución”, señaló Torres.

Los tres magistrados coincidieron en que la reforma también debe velar por la independencia de la rama, ya que, según ellos, no se puede mezclar el tema de seguridad con la administración de justicia. Y es que, para ellos, muchas veces el gobierno ha sacado la excusa de que la inversión que se realiza a las Fuerzas Armadas repercute en el tema de justicia. También indicaron que es menester implementar la carrera por méritos en todas las entidades que administran justicia. En pocas palabras, abolir esa práctica del ‘yo te elijo, tú me eliges’ que impera en las altas corte, ya que según el presidente del Tribunal de Cundinamarca eso “asegura la independencia y evita deber favores políticos”.

A estas palabras se unió el magistrado Valdivieso, quien dijo que si todos los jueces (municipales, de garantías y de conocimiento) acceden a sus cargos y ascienden gracias a su experiencia, conocimientos y méritos, los magistrados de la Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura deben ser elegidos bajo los mismos parámetros y no por amistades ni conveniencias políticas. El presidente del Colegio de Jueces y Fiscales también advirtió que esta reforma también debe proteger los intereses de los subalternos de los jueces y magistrados: “Auxiliares de despacho, digitadores, secretarias y asistentes jurídicos deberán aganar más que un salario mínimo para poder tener una administración de justicia profesional y comprometida”.

En cuanto al tema de la criminalidad, los magistrados anunciaron que en esta reforma se tiene que diferenciar al criminal primario, ocasional y especializado, ya que los trabajos de resocialización son totalmente diferentes. Y a pesar de que hoy en día no existen proyectos para reintegrar reclusos a la sociedad, Valdivieso manifestó que en Colombia se tiene que proyectar el trabajo social –como por ejemplo arreglar parques y limpiar calles– como penas alternativas para delitos menores. Asimismo, indicó que es necesario crear nuevos centros de reclusión ya que cuando una persona llega a una cárcel se corrompe aún más por las condiciones infrahumanas en las que viven.

“Falta una política criminal del Estado. La gente roba por necesidad y por factores externos como el desempleo”, agregó el magistrado Valdivieso. Por su parte, el presidente del Tribunal de Cundinamarca expresó que “sólo el trabajo dignifica al hombre. Y los presos no aprenden este valor no se podrán resocializar. Además, se le tienen que inculcar otros valores, ya que el ser humano puede ser perceptible o corrompible”. La reforma a la justicia es uno de las iniciativas más esperadas por el país. Tras el fracaso del proyecto que se presentó en 2012, el cual fue calificado por tener ‘micos’ que beneficiarían a la criminalidad, hoy la Rama Judicial pide a gritos un cambio extremo que no sólo venga acompañado de ideas sino también de recursos económicos.

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