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La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por la toma al municipio de Santander de Quilichao, Cauca, registrada el 29 de agosto de 2000 perpetrada por la guerrilla de las Farc.
El alto tribunal consideró que la población se encontraba en un riesgo debido a la presencia de la guerrilla de las Farc en el territorio, hecho que fue denunciado en diferente oportunidades por lo que se pidió aumentar el pie de fuerza y las medidas de seguridad.
El tribunal de lo contencioso administrativo determinó en el caso materia de estudio que pese a que los daños fueron realizados por el un grupo armado ilegal se presentó un “riesgo excepcional” para la población debido al riesgo en el que se puso a la población civil.
“(…) deben ser imputados al Estado a titulo de riesgo excepcional, si bien el ataque no fue perpetrado en contra de un bien civil, se creó un riesgo objetivamente cierto para la población civil, cuando en cumplimiento de un deber licito los agentes de policía intentaron contener y repeler ataque subversivo, empleando para ello armas de fuego que constituyen, por su propia naturaleza, instrumentos peligrosos”, precisó el alto tribunal.
Los guerrilleros del sexto frente de las Farc, columna Jacobo Arenas, buscaban asaltar entidades bancarias y locales provistos de víveres de la población civil. En el intercambio de disparos con la Policía uno de los ciudadanos recibió una herida mortal.