Crean observatorio de violencia en Buenaventura

Sólo en lo que va corrido del año en Buenaventura (Valle del Cauca) se han presentado 84 asesinatos. Una cifra donde se demuestra que la ventura del puerto parece haberse esfumado y sólo queda en su nombre. La semana pasada el país recordó su crítica situación de violencia porque la Fiscalía inició una investigación sobre las ‘casa de pique’, es decir, los establecimientos donde, al parecer, se llevaron a cabo un número indeterminado de descuartizamientos, a manos de bandas criminales que dominan los barrios de la ciudad. Hoy el director del Instituto de Medicina Legal Carlos Valdés se trasladó hasta el puerto para iniciar la implementación del observatorio de violencia que allí va a operar, con el fin de medir los niveles de agresiones contra la población y fortalecer las denuncias de las víctimas.

“La misión del observatorio está dirigida a incidir en la construcción de política criminal en Buenaventura, para consolidar la convivencia ciudadana y plantear recomendaciones que permitan incidir en las decisiones políticas de tipo preventivo o correctivo”, explicó en diálogo con El Espectador Carlos Valdés. Es decir, el observatorio se va a concentrar en los niveles de violencias y la manera en que ésta opera para medir sus niveles y poder plantear soluciones que le sean útiles a la población y contribuyan a mejorar su calidad de vida. Además, el director de Medicina Legal sostuvo que para incentivar la denuncia entre las víctimas “se va a crear una única ruta de atención para ellas en donde estén incluidas desde el cuidado médico, físico y psicológico, hasta el sector justicia, como la Fiscalía y la policía judicial. En este sentido, al integrar a las diferentes instituciones podemos garantizarle a la víctima una atención oportuna, eficiente y de calidad”.

Valdés agregó que el observatorio contará con el apoyo de la dirección regional en Cali de Medicina Legal, el Instituto Nacional de Salud representado en su departamento de Epidemiología, “lo que implica que dos institutos nacionales se unen para analizar el problema de violencia en Buenaventura”. También participará en la iniciativa el Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia en Buenaventura y “desde allí se analizará cómo opera este fenómeno en el puerto”. Alianzas que le permitirán al observatorio enfocarse en varios tipos de violencia con una orientación principal en la modalidad de género: “Se centra en violencia de género que aquí en Buenaventura no es independiente, pues está relacionada con la violencia social, la presencia de bandas criminales, la situación económica, con la violencia intrafamiliar.

Precisamente, Zully Andrea Rentería, la personera de Buenaventura Delegada para las Mujeres, Infancia y Adolescencia, le explicó a este diario que “el conflicto de ahoritica está atacando mucho a las mujeres. Si fueron amenazadas o violadas no pueden regresar a su barrio y resulta que ni las EPS ni la Alcaldía pueden ofrecerle un albergue”. Con el dominio territorial que las bandas criminales han logrado establecer en Buenaventura, la población femenina se ha convertido en un objetivo para librar estar guerra. Rentería agregó que “si alguno de esas bandas se enamora de una mujer o alguna le gusta, ella tiene que acceder para que no las maten o las violen. Si las ven con alguien de otra pandilla las amenazan y las torturan. Las jovencitas, las menores de edad son reclutadas para que les colaboren en su delincuencia, transportando armas o para que sean vigilantes y campanera. También las explotan sexualmente”. Por eso esta funcionaria cree que el observatorio es un buen camino para hacer visible la problemática que aqueja a Buenaventura y para controlar la atención que las instituciones les proporcionan a las víctimas. “Todas las instituciones deben alimentar esta medida”, enfatiza.

Por su parte, la Defensoría aplaudió esta iniciativa que considera necesaria para la crisis violenta y humanitaria que vive Buenaventura. “Cualquier iniciativa es bienvenida porque el Estado está dejando que la violencia y el abandono de este puerto lleguen a niveles escandalosos”, comentó el defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora. Recordó el episodio de los desmembramientos que se conocieron la semana pasada y fue enfático en señalar que “esa práctica la venimos denunciando desde el año pasado, eso no es noticia de ahorita. En junio del año pasado encontramos los primeros homicidios con esta modalidad”. Además, recordó que esta ciudad necesita “el desarrollo de una verdadera política pública donde se articulen todas las instituciones del sector para atender los diferentes escenarios que hoy tienen a Buenaventura sumergida en una situación preocupante”. Por eso para el defensor el gobierno debe responder con algo más que aumentar la Fuerza Pública: “no es un tema que se limite a eso”.

Una posición con la que coincide Rentería, al considerar que la militarización planteada por el gobernador del Valle del Cauca Ubéimar Delgado es “una solución como a la carrera por no haber prevenido la situación que ya se había diagnosticado”. Agregó que “lo que le hace falta a Buenaventura es inversión social, políticas públicas claras, más oportunidades de empleo, no más soldados. Política públicas claras es lo que pedimos”. El próximo 11 de junio Medicina Legal y la Personería de Buenaventura volverán a reunirse para analizar los avances del observatorio, anhelando que la violencia le dé un respiro al puerto.