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La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública le envío una carta al gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych con el fin de que se le informe sobre el pago de 60 mil millones de pesos en materia de anticipo para el desarrollo de uno de los tramos de la denominada Vía para la Prosperidad.
«(…)le solicito informar si l entidad ha desembolsado dineros al contratista por concepto del pago anticipado o por pagos parciales por avances de obra, en caso concepto del pago anticipado o por pagos parciales por avances de obra, en caso afirmativo, detallar valor, fuente, concepto, fecha de pago y número de la cuenta bancaria o patrimonio autónomo o Fiducia en el que se han realizado dichos pagos», precisó.
El Ministerio Público manifestó que es menester determinar el desarrollo del contrato de obra No. 617 firmado el 4 de octubre de 2013 con el consorcio Rivera Este, el cual, según una de las cláusulas, está financiado por el sistema general de Regalías.
«Revisada la página web del departamento del Magdalena, no se encuentra que la administración publique en el menú Sistema General de Regalías (SGR) información sobre el avance de este contrato o de los aspectos que están afectando el desarrollo del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Circular 0001 de 28 de septiembre de 2012, suscrita por la Directora de Regalías, que es el numeral 1 Socialización y Divulgación de Información», precisa uno de los apartes de la carta conocida por El Espectador.
Actualmente, la Procuraduría General le adelanta una investigación disciplinaria al gobernador por supuestas irregularidades en este contrato. De acuerdo con el Ministerio Público, el mandatario departamental no habría tenido en cuenta las recomendaciones y alertas presentadas por diferentes organismos de control sobre los riesgos económicos y ambientales de dicho proyecto.
Al parecer, la adjudicación se hizo sin contar con la totalidad de los recursos y sustento jurídico necesarios para soportar el valor del objeto del proceso de selección, poniendo en riesgo al ente territorial asumiendo la carga del valor total que tuvo un valor superior a los 432 mil millones de pesos.
Para el órgano de control disciplinario el Gobernador habría vulnerado los principios de transparencia y responsabilidad que regulan la contratación estatal y la publicidad de la función administrativa cuando entre junio y agosto de 2013 adelantó y adjudicó la licitación.