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La semana pasada, el nuevo ministro de trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo, en entrevista con este diario, que el presidente Iván Duque ordenó que en la reforma pensional no se tocara la edad de jubilación, el número de semanas cotizadas ni el porcentaje de aportes a seguridad social.
¿Es posible hablar de una reforma si se pasan por alto los principales elementos que se modifican en los sistemas pensionales del mundo? Esa es la pregunta. Para intentar resolverla, El Espectador recogió las recomendaciones de varios expertos con el objetivo de construir un proyecto de reforma pensional que se ajuste a los parámetros del jefe de Estado y logre el efecto deseado: cubrir a 2,3 millones de personas mayores de 65 años que actualmente no cuentan con un ingreso para su vejez.
Antes que nada, cabe recordar que, como lo dijo el titular de la cartera de trabajo la semana pasada, “hoy no hay ninguna propuesta, hasta ahora estamos mirando qué podemos hacer”. Así que partimos de cero. Los problemas de nuestro sistema pensional son la baja cobertura (solo 1 de 4 adultos mayores accede a una pensión), la inequidad (se destinan más de $40 billones para subsidiar a 2,1 millones de pensionados de los regímenes especiales y Colpensiones) y la insostenibilidad (déficit a cargo del gobierno crecería 140 puntos básicos en 55 años).
La baja cobertura es, ante todo, producto de la informalidad. Las estadísticas del DANE revelan que para enero de 2020 había 22,3 millones de personas ocupadas; sin embargo, para el trimestre octubre-diciembre de 2019, solo 49,6 % de ellos estaban afiliados a pensión y apenas un poco más de 2 millones aportaban con frecuencia (últimos nueve meses consecutivos) a su ahorro. Con tantas personas por fuera del sistema de protección para la vejez, es apenas normal que la mayoría no cumpla los requisitos para pensionarse (de 1.150 a 1.300 semanas cotizadas). En la medida en que esta condición se incremente, como viene sucediendo desde mediados del año pasado, cada vez serán menos las personas amparadas.
Andrés Izquierdo, gerente de ISP Pensiones, considera que este debe ser el primer problema a resolver: “hacer que la gente entre al sistema de seguridad social y cotice”, es decir, priorizar la formalización laboral, lo que progresivamente corregiría el inconveniente de la insostenibilidad. Solo por mencionar un ejemplo, Colpensiones tiene unos cuatro millones de afiliados que no hacen aportes, “que están en la informalidad, en desempleo o son independientes y cuyo problema no es que no devenguen sino que evaden su pago a seguridad social”, dijo el analista. Sus proyecciones le apuntan a que si estas personas hicieran aportes sobre un salario mínimo el recaudo de la entidad aumentaría en $6,7 billones, cifra que equivale a más del 68 % de las transferencias que recibió Colpensiones del Presupuesto General de la Nación en 2019.
La inequidad se deriva del hecho de que mientras unas personas deben cumplir requisitos exigentes para acceder a mesadas modestas (80 % de los pensionados reciben entre uno y dos salarios mínimos), otras negociaron condiciones especiales para pensionarse más jóvenes o con más recursos (el Magisterio, las Fuerzas Militares, la Policía, etc.) o se benefician de la flexibilidad en el cálculo del pago de las pensiones del Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones.
Es por esto que la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) proponen empezar por un revolcón en Colpensiones de manera que se subsidie solo a las personas de menores ingresos y el resto de fondos se redireccionen para favorecer a otra población.
Para Jorge Llano, vicepresidente de Asofondos, quitarle subsidios a las pensiones de más de un salario mínimo sería un cambio clave si no se quiere tocar la edad, las semanas o la cotización, “con la plata que se libera de esas ayudas se puede aumentar la cobertura en otros programas sociales como Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos (Beps) que son demandantes naturales de recursos públicos”, explicó. Según cálculos actuariales del gremio, con los subsidios a las pensiones más altas se puede financiar una extensión del beneficio de Colombia Mayor de $80.000 mensuales a $250.000 (línea de pobreza) y de Sisbén 1 a Sisbén 1 y 2.
Sin embargo, sería peligroso enfocarse en el primer problema sin resolver el segundo. Una proyección del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé que el déficit de gasto del gobierno aumentaría del 4,2 %, en 2018, al 5,6 % del PIB, en 2075, si los regímenes especiales y los subsidios a las pensiones altas se mantienen y se reduce la informalidad laboral, pues implicaría destinar más dinero público a estos pagos. A eso hace referencia la insostenibilidad, junto al hecho de que hay condiciones que no se pueden seguir garantizando desde el punto de vista económico y cuya modificación incide directamente en la política fiscal colombiana. Para la consultora Mercer, estos riesgos y deficiencias se deben atender, de lo contrario, amenazarán la estabilidad del sistema colombiano en el largo plazo.
Aun así, hoy por hoy, de acuerdo con Izquierdo, “el problema no es que la gente llegue a la edad de pensión y el sistema no tenga con qué pagarles una pensión, sino que no logran los requisitos para pensionarse en ningún régimen, porque el país se puede dar el lujo de sostener todas las gabelas de los regímenes especiales, pero si no hay formalización no hay mucho qué hacer”. Esto lo lleva a concluir que, si bien aumentar la edad, las semanas cotizadas y el porcentaje de pagos mensuales, es importante, la prioridad está en que la plata que se mueve en diferentes sectores de la economía “se refleje en la seguridad social”, advirtió el consultor.
Esto no significa que hacia adelante no sea necesario revisar también la dualidad que existe entre el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), es decir, entre el esquema de Colpensiones y el de las administradoras de fondos de pensiones privadas, así como el componente de solidaridad para ayudar a las personas semiinformales y en condición de discapacidad.
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La última palabra la tiene el Gobierno, que decidió abrir la discusión para lograr que la reforma pensional sea producto de un consenso, aun cuando es difícil poner de acuerdo al Gobierno, los expertos, los gremios, la academia, los trabajadores y los sindicatos respecto a qué es lo que más le conviene al país.
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