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Así lo decidió el Gobierno, luego de encontrar nuevos obstáculos jurídicos que impiden su reanudación al comienzo de la semana.
"Es como que si existiera una confabulación de algunas personas para bloquear el proceso", dijo extrañado el ministro de Minas y Energia, Hernán Martínez por la nueva orden judical que ordena la suspensión.
"Lo que esta pasando es algo irresponsable. Hay una decisión tomada y la vamos a ejecutar tarde o temprano", afirmó Martínez.
Una avalancha de acciones populares ha impedido la enajenación de estas empresas propiedad del Gobierno y de cuyo negocio la nación espera recibir al menos un billón de pesos este año. En las tres electrificadoras hay al menos siete compañías interesadas, entre nacionales y extranjeras.
El proceso de las cinco empresas había sido suspendido por el Gobierno a mediados de diciembre, a la espera de decisiones judiciales en las que particulares demandaron las ventas.
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