Posconflicto para los agentes del Estado

Junto con el anuncio de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la semana pasada, el Gobierno Nacional dio a conocer su plan para que los agentes del Estado también puedan disfrutar las ventajas de una justicia transicional concentrada más en la verdad y la reparación que en la sanción. La propuesta, presentada por el presidente Juan Manuel Santos, es una continuación coherente del plan para un eventual posacuerdo. Es apenas justo que se extiendan los beneficios a los agentes del Estado, sobre todo porque crea un incentivo para tener más verdad y, esperamos, reconciliación.

Si se firma un acuerdo de paz, cerca de 24.000 uniformados que hoy son investigados por graves crímenes podrán saldar sus cuentas con la justicia. La cifra no es para nada despreciable, más si se tiene en cuenta que los procesos judiciales que involucran a agentes del Estado producen cargas muy pesadas a las instituciones y, especialmente, a las víctimas, quienes tienen que afrontar la hostilidad que produce hacer reclamaciones contra el Estado que debía protegerlas.

La hoja de ruta para el tratamiento diferencial de los agentes del Estado se obtuvo gracias a la participación de representantes de la Fuerza Pública en la redacción del acuerdo sobre víctimas, un éxito del diseño de la mesa de negociaciones que no debe menospreciarse. Si nuestros agentes estatales no hubiesen tenido voz en el proceso, esto habría causado problemas para su implementación. Por eso, alivia que, como le dijo a El Espectador una alta fuente del sector castrense, “el acuerdo en materia de justicia es leído positivamente en el interior de las Fuerzas Armadas, porque hay un beneficio palpable para nuestros uniformados que hace viable el fin del conflicto”.

¿De qué beneficios estamos hablando precisamente? Detrás del acuerdo hay una idea necesaria para el país: si queremos pasar la página, nuestras Fuerzas Armadas deberán tener legitimidad nacional e internacional. Una forma de conseguir eso es empezando a reparar los dolorosos hechos del pasado, donde nuestros agentes no han actuado conforme a su mandato constitucional y moral.

Dentro de los intentos por mantener en alto el nombre de las instituciones, la JEP entenderá las responsabilidades como individuales, no como estrategias sistemáticas, y sólo se imputará a alguien por cadena de mando cuando se observe una relación de manera directa con la conducta punible. Si bien ese punto es entendible y justificable, no sobra esperar que, en el caso de que la investigación arroje otro tipo de información, los magistrados elegidos para juzgar dentro de la JEP tengan la libertad e independencia para contarle al país los alcances de lo ocurrido.

En otras palabras, ojalá que este nuevo sistema no sea una excusa para adoptar la tesis de que lo malo ocurrió por unas cuantas manzanas podridas. No dudamos ni por un momento en la integridad de los hombres y mujeres que entregan su vida por la protección de los colombianos, pero sería contraproducente para el objetivo de reconciliación nacional limitar las historias que puedan contarse en la JEP.

El acuerdo también establece que los hechos de los agentes del Estado procesados en la JEP pasarán a ser cosa juzgada, lo que es razonable, así como el hecho de que pagarán sus sanciones en centros de reclusión especial. Eso va en la misma línea que lo pactado para el tratamiento de los guerrilleros desmovilizados, y le apuesta a una justicia que premia la verdad con un garrote suave.

Con esto, sólo queda faltando entender cómo funcionará la JEP para los civiles que participaron en el conflicto. Mientras tanto, el país debe ir pensando si le parece aceptable esta idea de justicia, necesaria para el aterrizaje de los acuerdos de La Habana, o no. Lo sabremos en 2016.

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