Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En respuesta al artículo de El Espectador, publicado este sábado, sobre el riesgo en el que se encuentran los jueces de restitución de tierras (ver artículo[1]), la Unidad Nacional de Protección sacó un comunicado de prensa en donde manifiesta que se han asignado 51 hombres y 25 vehículos blindados, para proteger a 15 magistrados y 35 jueces. Es decir, que «todos los Juzgados y Tribunales de Restitución cuentan con un esquema de protección».
La organización añadió que «la amenaza recibida por los jueces de Buga es la primera que se ha registrado desde la promulgación de la Ley 1448 de 2011 –Ley de Víctimas y Restitución de Tierras– y estamos a la espera que las autoridades se pronuncien sobre la veracidad de la misma”.
Además, la Unidad puntualizó que el pasado 16 de diciembre le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura la un hombre de protección adicional para estos tres funcionarios, “teniendo en cuenta que de acuerdo a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia le corresponde a este alto tribunal asumir esa solicitud. No obstante, su representante manifestó no estar dispuesto a asumirlo pese a la responsabilidad que tienen en la protección de sus jueces”.
Finalmente, la entidad decidió coordinar con la Policía Nacional “la prestación de medidas de carácter preventivo que refuercen las medidas de protección ya implementadas”, mientras espera la respuesta del Comité Especial de Protección de Funcionarios Públicos sobre las amenazas que recibieron los tres jueces de restitución de tierras en Buga.
Conoce más