Jueces de restitución de tierras siguen en riesgo de muerte

En Colombia existen 39 jueces y 15 magistrados encargados de fallar pleitos judiciales respecto a los predios que fueron despojados en la larga cadena de violencia de casi medio siglo. A junio de 2013 estas 56 personas dictaron cerca de 450 sentencias de restitución: una suma de fallos suficiente para incomodar a quienes se oponen a la política gubernamental. Ahora, además de los reclamantes y líderes de tierras, los jueces designados para cumplir la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras también están amenazados y sus vidas corren riesgo. ¿La razón? Devolver los terrenos que fueron obtenidos a sangre y fuego por grupos ilegales los convirtió en objetivo militar de los violentos, quienes han impedido el retorno de los desplazados en 28 de los 32 departamentos del país.

Hace una semana, los tres jueces especializados de Buga recibieron un panfleto en donde no sólo había insultos hacia ellos y su labor, sino en el que también se menciona “un regalito” que les van a dejar quienes los están amenazando (ver imagen). Un ‘regalito’ que está relacionado con el riesgo que corre su vida. Ahora, lo que más llama la atención es que la intimidación llegó a la casa de la novia de uno de los jueces en Cali, sitio donde él pasa la noche ocasionalmente porque su residencia queda en Jamundí y debe compartir el esquema de seguridad con sus otros dos compañeros que viven en la capital del Valle.

De hecho, esta protección resulta ser ínfima para la labor que están desempeñando en Buga. Según relata una fuente cercana al despacho, sólo hay un recorrido para los tres jueces y cada uno está ubicado en un despacho diferente. El escolta es la misma persona que conduce el vehículo, “lo que deja dudas sobre qué pasaría si hay un atentado”, explica la fuente. También relata que una unidad de Policía está asignada para que acompañe a estos tres abogados, pero, de nuevo, cada uno está ubicado en un lugar diferente y deben compartir la protección. “Y eso es cuando no hay diligencias en campo, porque en ese caso el carro y los policías se trasladan con el juez al terreno y los otros dos quedan desprotegidos todo el día”, se puntualiza en diálogo con El Espectador.

Ciertamente, este no es el único caso ni la primera vez que los jueces de restitución de tierras piden más protección. En marzo del año pasado, estos funcionarios le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos donde dejaban plasmados todos los riesgos que corren por realizar su labor: “El riesgo extraordinario al que nos vemos expuestos con cada sentencia en el cual le devolvemos la tierra a sus legítimos propietarios, poseedores u ocupantes”, escribieron. Y le explicaron que “los servidores de la justicia estamos igual o mayormente expuestos, en consideración a que somos precisamente quienes ordenamos la restitución jurídica y material de los bienes despojados”. En concreto, los jueces le pidieron al gobierno “su intervención directa” para procurar “medidas efectivas de seguridad para todos nosotros y nuestras familia”. Petición que fue respondida casi de inmediato por el entonces ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien en un comunicado afirmó que en abril del 2013 se entregarían 14 carros blindados con el fin de aumentar la protección.

Una medida que puede ser considerada paliativa para enfrentar un fenómeno de violencia que el gobierno no contempló lo suficiente cuando implementó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pues pisa muchos intereses de los grupos armados ilegales y parte de su poderío territorial. Además, porque los jueces no han sido las únicas víctimas en estos tres años, también han sido asesinados reclamantes de tierras y líderes del proceso: según la ONG Human Rights Watch, fueron 21 desde el 2008; la Fiscalía investiga 49 homicidios que ocurrieron desde el año 2000 y la Defensoría habla de 17. ¿Cuántos estarán fuera de los registros y sin denunciar?

Lo cierto es que hoy el terror que desplazó a 4,8 millones de colombianos desde 1985 sigue reinando para impedir que las familias despojadas vuelvan a sus tierras. “El Presidente Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch, en septiembre de 2013. Cuatro meses después, la situación no es diferente, precisamente porque, como añade Vivanco, existe “una ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados que reclaman tierras”. Y la situación se agrava ahora que los jueces, quienes deben impartir esa justicia, también se encuentran amenazados y con su vida en riesgo.