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Este miércoles finalizaron los alegatos de conclusión en el marco de la demanda de nulidad presentada por el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General–consistente en destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 12 años – por su participación en política.
Ante esto la Sección Segunda emitirá a mediados de marzo una decisión de fondo frente a la acción instaurada por el exmandatario y con la cual busca que se anule la decisión del Ministerio Público al considerar que se presentaron irregularidades en la apertura de la investigación, evaluación de las pruebas y decisión final.
Debido a la complejidad del tema, el magistrado ponente manifestó que es menester un tiempo prudencial con el fin de estudiar todas las pruebas materiales y testimonios que fueron puesto en conocimiento de la Sala en este proceso y así tomar una decisión de fondo.
En la diligencia celebrada este miércoles, el representante de la Procuraduría General le pidió al tribunal de lo contencioso administrativo que deje en firme la sanción disciplinaria, al considerar que el entonces alcalde de Medellín no cumplió con los deberes de su cargo y violó la ley establecida.
En este sentido señaló que la decisión del Ministerio Público se basó en pruebas legales por lo que se deben negar las pretensiones de la acción judicial que es materia de debate. Y es que para el delegado del órgano de control disciplinario, en vez de denunciar ante las autoridades competentes Salazar buscó a los medios de comunicación para difundir información y fotografías en contra de uno de sus contendores políticos.
El Ministerio Público sancionó a Salazar Jaramillo al considerar que utilizó su posición y autoridad para influir en los comicios electorales, violando así lo establecido en la Ley de Garantías de manera “activa, personal y voluntaria”.
Para la Procuraduría, el mandatario habría influido en procesos electorales de carácter político en un momento en el cual debía tener “mayor imparcialidad” de todos los funcionarios y servidores públicos.
En la investigación se tuvieron en cuenta las declaraciones entregadas por Salazar a diferentes medios de comunicación sobre uno de los candidatos a la Alcaldía de Medellín, a quien acusó de diferentes hechos delictivos y tener nexos con un grupo armado ilegal.
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