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Gobernador del Magdalena no atendió recomendaciones sobre vía a la Prosperidad: Mintransporte

Cecilia Álvarez Correa dio detalles ante la Procuraduría General las recomendaciones hechas al mandatario departamental para la licitación de ese multimillonario proyecto.

24 de febrero de 2014 – 03:38 p. m.

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Ante la Procuraduría General, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa rindió su testimonio dentro del proceso que se adelanta contra el actual Gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes en el proceso disciplinaria que se le adelanta por su presunta participación en las irregularidades en la licitación del proyecto vial conocido como Vía para la Prosperidad.

La jefa de la cartera de Transporte aseguró que el mandatario departamental no atendió las recomendaciones hechas por la Procuraduría General, Instituto Nacional de Vías (Invías), Contraloría y el Ministerio sobre la administración de los recursos entregados por la Nación para este proyecto.

En su declaración, Álvarez Correa aseguró que en febrero de 2012 conoció de la existencia de este “importante proyecto” así como las implicaciones que este tenía en la región en temas relacionados con la agroindustria y la reparación de las principales vías afectadas por las dos olas invernales que habían azotado al país.

En el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) se establecieron los 266 mil millones de pesos (recursos de la Nación) para la financiación del que se consideraba el proyecto bandera del Gobernador Cotes. “El proyecto fue discutido y acordado”. 

Sin embargo, poco después se hicieron varios requerimientos con el fin de que fuera el Invías el encargado de administrar los recursos oficiales entregados, pero el mandatario departamental se negó a esta solicitud al señalar que tenía toda la disponibilidad y tiempo para la ejecución del mismo.

A los pocos meses, miembros de la Cámara Colombiana de Infraestructura presentaron una serie de dudas sobre la forma en cómo se iba a adelantar el proceso licitatorio. Todas estas quejas le fueron puestas en conocimiento a los órganos que estaban adelantando la vigilancia y al presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Después se le fue enviada una comunicación al Gobernador del Magdalena precisándole las dudas que existían y se le solicitó formalmente que tuviera presente las observaciones de cara al proceso licitatorio que se iba a adelantar a los pocos días. “Yo confiaba que lo iba a hacer”.

“No respondió como lo ameritaba”, precisó la Ministra de Transporte ante las preguntas realizadas por la procuradora del caso sobre las advertencias que se habían realizado ante las irregularidades en el proceso de adjudicación de esa multimillonaria obra.

El día de la licitación, el presidente de la República le recomendó a la Ministra que era necesario suspender dicha acción “mientras se arreglaba el proceso y se le daba mayor transparencia”. Esa solicitud le fue presentada al Gobernador del Magdalena quien no la aceptó.

«El Presidente y yo abordamos al gobernador y le dijimos que tuviera presente las observaciones de la Procuraduría el doctor de Invías me dijo que tenía muchos reparos, que no estaban conformes porque no se había atendido las observaciones del organismo de control (…) el día de la audiencia para adjudicarla llame al gobernador para que nos sentáramos con la Procuraduria a revisar el tema de la licitación y el me dijo que no que iba a adjudicarla», precisó Correa.

Esto generó mucha preocupación puesto que pese a los contactos que se tuvieron con el Gobernador, a quien incluso se le citó a una reunión en la Casa de Nariño. “Le hicimos varias veces la recomendación, así como lo hemos hecho con varios Gobernadores. Pero las observaciones del Invías y de la Procuraduría no fueron atendidas correctamente”.

No se trasgtredió la ley

Ante la Procuraduría General, Luis Ángel Esguerra dio detalles sobre la forma en cómo se adelantó el proceso licitatorio del proyecto conocido como la Vía para la Prosperidad que comprende a los municipios de Palermo – Sitio Nuevo – Remolino – Guaimaro en el departamento del Magdalena.

«Procede la revocatoria cuando el acto es contrario a la ley y a la constitución y al interés público y social (…) Según el Invías en el proceso licitatorio se dan estas dos causales, pero en el análisis que hicimos concluimos que no se presentaban», precisó el testigo de la defensa.

Ante las preguntas de la Procuraduría General se indicó que en este proceso licitatorio no se presentaron transgresiones al ordenamiento jurídico. “No había causal para revocar el auto de apertura de la licitación.»

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Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, el mandatario departamental no habría tenido en cuenta las recomendaciones y alertas presentadas por diferentes organismos de control sobre los riesgos económicos y ambientales de dicho proyecto.

En este sentido se indicó que se habría hecho la adjudicación sin contar con la totalidad de los recursos y sustento jurídico necesarios para soportar el valor del objeto del proceso de selección, poniendo en riesgo al ente territorial asumiendo la carga del valor total que tuvo un valor superior a los 432 mil millones de pesos.

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Para el órgano de control disciplinario el Gobernador habría vulnerado los principios de transparencia y responsabilidad que regulan la contratación estatal y la publicidad de la función administrativa cuando entre junio y agosto de 2013 adelantó y adjudicó la licitación.

En este proceso adjudicatario, señala la Procuraduría, el mandatario el pliego de cargos limitó de manera irregular la participación de los oferentes ya que con los mecanismos aplicados se propició la presentación de propuestas con precios elevados, afectando así la selección objetiva y más favorable para el departamento.

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El Ministerio Público busca establecer además si el pliego de condiciones fue manipulado injustificadamente, vulnerando así los principios legales, por lo que tendrá que responder por su presunta afectación de los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.

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