Procurador reitera que tiene facultades para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular

El jefe del órgano de control disciplinario señaló que respetará la decisión que tome la Sala Plena del Consejo de Estado sobre la tutela instaurada por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro en contra del fallo que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.

Ordóñez Maldonado reiteró que el otorgamiento de “medidas cautelares” para el alcalde por un órgano internacional generaría un régimen de impunidad en Colombia, señalando que en el país los órganos judiciales otorgan todas las garantías procesales.

En este punto explicó que si el organismo internacional considera que la Procuraduría General no tiene las facultades para investigar y sancionar a funcionarios públicos elegidos por voto popular se afectaría uno de los mandatos establecidos en la Constitución Política de 1991 y que ha sido ratificado en diferentes sentencias.

«Eso que implicaría que a la Procuraduría le correspondería inmediatamente revocar cerca de 570 destituciones con inhabilidades (…) Hay algo tanto o más grave, las consecuencias pecunarias, no solamente son las sanciones inhabilitantes del Consejo de Estado, las de la Fiscalía en las medidas cautelares antes de condenar, las de la Contraloría. Cerca de 2.4 billones de pesos implicaría una decisión de esa naturaleza», reseñó el Procurador General.

En la tarde de este miércoles la Sala Plena del Consejo de Estado reinició el estudio de la ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala que argumenta que la Procuraduría General incurrió en errores en el proceso disciplinario adelantado contra el mandatario distrital y que terminó con la sanción disciplinaria.