A la cárcel ex subsecretario de salud procesado por «carrusel de la contratación»

Debido a la gravedad de los tres delitos imputados -peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio- el procesado representa un peligro para la sociedad, puesto que con su comportamiento habría puesto en peligro el derecho al acceso a la salud de todos los habitantes de Bogotá.

Según la juez, debido a que Varela Beltrán hacia parte del Comité de Contratación de la Secretaria de Salud tenía “voz y voto” en estos procesos licitatorios en el cual, basándose en varios testimonios presentados por el fiscal del caso, se hacía referencia a diferentes actos irregulares y de corrupción administrativa por lo que el funcionario público tenía la capacidad de oponerse a estas actividades denunciadas o hacer un llamado de atención sobre las mismas.

En la investigación se pudo establecer además que se presentaron sobrecostos lo que generó un déficit patrimonial afectando así al Distrito y a toda la ciudadanía que ignoraba todas las irregularidades y fallas que se presentaron en la celebración de la firma de convenios para la prestación de este derecho fundamental.

Varela Beltrán es investigado por las fallas que rodearon la planeación, licitación y entrega del contrato para la prestación del servicio de ambulancias en Bogotá en el año 2009 el cual tuvo un valor superior a los 69 mil millones de pesos.

En esta investigación se tuvieron en cuenta los testimonios del exsecretario de salud de Bogotá, Héctor Zambrano; el contratista, Emilio Tapia; el ingeniero, Federico Gaviria; el expresidente del Concejo distrital, Hipólito Moreno y el exsubdirector técnico del IDU, Inocencio Meléndez Julio.

Al final de la diligencia judicial, la jueza le pidió al Inpec que estudie la situación del procesado y si considera pertinente sea recluido en el pabellón de servidores públicos en la cárcel La Picota de Bogotá.

“La empresa criminal”

En el análisis jurídico la jueza de garantías llamó la atención sobre la “apropiación descarada” de los dineros públicos que se presentó durante la preparación y adjudicación del multimillonario contrato para la prestación del servicio de ambulancias, lo cual creó un caos en la ciudad de Bogotá.

“Se defraudó la confianza depositada por los ciudadanos en sus funcionarios”, precisó la administradora de justicia al señalar que cinco meses antes de la entrega del contrato se formalizó una “empresa criminal” destinada a la entrega de los contratistas que ya habían entregado comisiones, vulnerando así los principios de selección objetiva, imparcialidad, transparencia, economía e igualdad.

Para la funcionaria judicial “son pocas las palabras o calificativos que se le pueden dar a esa actuación, preparación e ideación criminal de pliegos y prepliegos” ya que derrocharon los dineros públicos y pusieron en riesgo a la comunidad al entregarle el convenio a una empresa que no tenía la capacidad ni la experiencia para prestar el servicio.

“Estos dineros no le pertenecen a los funcionarios, concejales, ni a los particulares que contratan con el Estado. Es de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos (…) Se presentó un grave perjuicio a la salud, principalmente, y la vida de todos los ciudadanos”, señaló la jueza al hacer énfasis sobre el hecho de que al revisar testimonios se puede evidenciar que el contratista beneficiado no tenia las condiciones físicas para actuar ni de reacción frente a una emergencia.