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La Contraloría envió una alerta al Gobierno porque estarían en riesgo alrededor de $44.000 millones que se habrían invertido en el programa con el cual se busca generar energía a través de fuentes renovables en las zonas no interconectadas del país.
De esta manera, la contralora Sandra Morelli envió una función de advertencia al ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, y del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE), Carlos Eduardo Neira Estrada, quien renunció a este cargo en las últimas horas.
Según las primeras pesquisas del organismo de control, no se logró cumplir con el objetivo de llevar y mantener este servicio por 24 horas en los municipios de Titumate (Chocó), Nazareth (Guajira), e Isla Fuerte (Bolívar). Como estas poblaciones, existen otras en las que se adelantan proyectos piloto fallidos en las que se están invirtiendo los multimillonarios recursos y en muchos casos “llegan a completar hasta meses enteros sin la prestación del servicio de energía eléctrica”, sostuvo la entidad.
Entre las labores de investigación de la Contraloría realizó auditorias tanto en el Ministerio como en IPSE, en las que encontró que de los de $60.012 millones que cuesta el proyecto ya se han comprometido $44.138 millones en 64 contratos. Sin embargo, para el organismo de control, estas acciones “no han contribuido a mejorar las condiciones de vida, ni en la reducción de pobreza de los habitantes”.
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