La mordaza ecuatoriana

Sin embargo, esta ley ha permitido sancionar a muchos medios, sobre todo privados, y mayoritariamente por acciones interpuestas por parte del Estado o de ciudadanos relacionados con la esfera pública, y por razones que en muchos casos no se ajustan a ningún estándar de libertad de expresión: sanciones a una emisora por la opinión de un oyente, sanciones por falta de veracidad en columnas de opinión, sanciones a un medio por no cubrir la rendición de cuentas de un alcalde, rectificaciones de caricaturas, réplicas enviadas a los medios previamente tituladas y diagramadas, multas por no cubrir de manera debida la entrega de un doctorado honoris causa al presidente. Parece un chiste, pero es el drama de los medios de comunicación ecuatorianos.

La nueva perla de esta ley es el proceso de disolución de la ONG Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios (Fundamedios), una de las pocas organizaciones que aún se atreven a levantar la voz contra las arbitrariedades cometidas en Ecuador contra la libertad de expresión. Una de las razones que exponen las autoridades es que Fundamedios se ha dedicado a hacer política al divulgar contenidos ideológicos en las redes sociales —entre las “evidencias” hay tuits de Fundamedios con columnas de opinión escritas por periodistas independientes— y publicar los blogs de opinión y análisis político Estado de Propaganda y Sentido Común. En estos blogs escriben Roberto Aguilar y José Hernández quienes, debido a la presión generada por la Ley Orgánica de Comunicación sobre los medios tradicionales, tuvieron que dejar sus empleos y migrar a la web —hasta ahora no regulada por la Ley Orgánica—. Después de ser desplazados de los medios, ahora son arrinconados en el último nicho que habían encontrado para poder expresar sus opiniones.

La publicación de opiniones o artículos periodísticos que indaguen o critiquen a los funcionarios públicos y que cuestionen el ejercicio del poder es necesaria en una sociedad realmente plural y democrática, donde haya “buena prensa”. Lo que ha logrado la Ley Orgánica de Comunicación es silenciar esas voces, por lo cual hoy Ecuador cae en una forzada banalización de la prensa: por el temor a ser sancionados con multas que amenacen su supervivencia financiera, muchos medios se abstienen de publicar artículos o columnas que puedan incomodar al presidente o a sus funcionarios. Esto, en la práctica, se llama censura previa.

El caso de Fundamedios es especialmente preocupante, además, porque ya no se trata de una multa o una reconvención a un medio, sino de un proceso para clausurar una organización independiente, encargada de difundir opiniones diversas y reflexionar sobre el diálogo entre el periodismo y la ciudadanía. El caso es similar al de Radio Caracas Televisión (RCTV), en Venezuela, por el cual la Corte Interamericana acaba de condenar al Estado venezolano.

Rechazamos esta acción contra una ONG que ha trabajado por alimentar el debate sobre la necesaria función crítica de los medios de comunicación, justo cuando esta discusión se debería dar de la forma más amplia en Ecuador. Este es un preocupante paso hacia el autoritarismo, hacia el extremo control y regulación de la comunicación en un país que en 2006 se llenó de esperanzas con el proyecto de la “revolución ciudadana”, que infortunadamente ha derivado en una regresión en la protección de algunos derechos humanos, como el de la libertad de expresión.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com