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Es probable que la explotación y comercialización del oro nunca haya despertado tanta inquietud como ahora, cuando es una actividad que, en su parte ilegal, le compite al narcotráfico y está siempre ligada a la deforestación, la desolación y la muerte. (Lee también: El precio del oro vuelve a superar los US$1.500 la onza)
El Estado carece de mecanismos para rastrear el camino que recorre el mineral desde su extracción ilegal hasta que se convierte en joyería. Así lo señala un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), titulado La economía del narcotráfico: “Las organizaciones criminales convierten el oro en joyería, la cual puede ser transportada con mayor facilidad que el dinero en efectivo”.
“La trazabilidad y el origen lícito del oro es una responsabilidad de cada uno de los participantes de la cadena. Desde nosotros como administradores del recurso minero y el comercializador, hasta el mismo comprador”, dice Carolina Rojas Hayes, viceministra de Minas, quien considera que es bueno “preguntarse de dónde vienen los minerales, especialmente el oro, que uno está luciendo, porque no es solo un tema de joyería. En los celulares también hay oro que debe tener un origen lícito”, indicó.
En busca de solucionar este problema, el gobierno suizo viene desarrollando un proyecto con las autoridades colombianas con el cual establecer la trazabilidad de toda la cadena del mineral. “Ellos empiezan desde los barequeros, trabajan con los comercializadores, después con los refinadores suizos, que son algunos de los grandes compradores de oro en el mundo, con unos estándares de responsabilidad social muy altos y que quieren saber cuál es el origen lícito del mineral que están comprando”, explicó Rojas Hayes.
Por ejemplo, la funcionaria señaló que uno de los contactos de este plan es con la firma de joyería Chopard, que está comprometida con la trazabilidad del origen lícito del metal que están utilizando en sus joyas. La viceministra asegura que también es un tema de responsabilidad de los mismos joyeros asegurarse de que están comprando oro lícito.
“Actualmente no existe manera de rastrear el destino final del oro que se consume en el país, es decir, según el balance másico del oro en Colombia es cada vez menor (o inexistente) el consumo interno de oro y de existir no hay registro de en qué industrias o en qué productos y servicios es usado”, precisa un estudio de la Universidad Nacional reseñado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
Para mejorar la recopilación y el análisis de estos datos, el Gobierno acabó de anunciar la implementación de AnnA Minería, una plataforma con la cual se espera mejorar el manejo de la información minero-ambiental del país y, de paso, asistir en la transformación digital del sector minero. La viceministra de Minas explicó que con este instrumento se busca que 8.500 mineros hagan el tránsito a la legalidad: “El sistema ofrece todos los incentivos para promover la legalidad de la actividad minera, dando respuestas más oportunas a trámites y, con esto, menores barreras a la legalidad”.
El estudio de la Universidad Nacional propone que “la manera de implementar la trazabilidad sería que el Certificado de Origen tuviera un número que esté ligado a un registro de comercialización o Rucom (Registro Único de Comercializadores de Minerales) dentro de un sistema de información, el cual, al tener un código asignado, estará vinculado para el seguimiento a través de los formatos básicos mineros, declaración de producción y pago de regalías, durante los programas de fiscalización minera”.
La producción nacional de oro viene en descenso. De 62 toneladas en 2016 se pasó a 42 en 2017 para terminar en 35 en 2018. “Aunque parezcan negativos, estos datos constituyen un triunfo para la institucionalidad frente a la ilegalidad, que se estaba aprovechando del Estado para lavar negocios turbios”, escribió en El Espectador el exviceministro de Minas Carlos Cante.
En esa tarea de hacer visible y legal la explotación minera, la empresa privada también tiene retos y responsabilidades importantes. Luis Germán Meneses, CEO Colombia de Continental Gold, recuerda que “Buriticá pasó de ser un proyecto inviable por el auge de extracción ilícita de minerales, que hizo crisis en 2016, a ser hoy el proyecto minero de oro más importante del país, no solo por la calidad del yacimiento sino por su modelo de sostenibilidad”.
Meneses sostiene que, debido al esfuerzo de la “empresa privada, la Gobernación de Antioquia, la administración municipal, la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional, en ese año fue posible rescatar a Buriticá del impacto perverso de la minería ilegal y permitir que iniciara su camino hacia el desarrollo económico y social, a través de la llamada Operación Creta”.
Alrededor de este yacimiento se han registrado hechos de violencia, como asesinatos de personal asociado con la compañía minera.
Oro y narcos
Actualmente, en el país hay 187 municipios afectados por la explotación del oro, 98 por el material de arrastre o construcción y por lo menos 55 con temas de minerales de carbón, según un informe de las autoridades militares involucradas en el control de la minería criminal.
Décadas atrás, el Eln entró en la explotación ilícita de oro y llegó a dominar algunos sitios de producción en Antioquia y el sur de Bolívar. Luego, otras bandas criminales vieron en esta actividad una oportunidad para financiar sus acciones. En algunas zonas la extracción ilegal del mineral empezó a competir con el narcotráfico como fuente principal de financiación.
El coronel Carlos Alberto Montenegro, hasta hace unos meses comandante de la Brigada contra la Minería Ilegal, mostraba cifras de cómo la explotación ilegal de oro se ha convertido en un serio competidor del narcotráfico. Recordó que en 2018 se produjeron 1.379 toneladas de clorhidrato de cocaína y en el otro frente unas 30 toneladas de oro, con un precio cercano al millón de dólares, que no pagan regalías ni impuestos y que se convierten en recursos que no aportan al desarrollo social de las comunidades. Ese mismo año se produjeron 32 toneladas lícitas de oro.
Según el militar, para sacar un kilo de coca se requiere un proceso de cinco meses y esa misma cantidad de oro se puede tener en un día, razón por la cual los delincuentes recuperan la maquinaria destruida en los operativos de la Fuerza Pública en tiempo récord. En los últimos cuatro años han sido destruidas cerca de 100 excavadoras y medio centenar de dragas. “Mientras tengamos economías ilegales, los grupos armados van a mutar de nombre para sostener áreas de gran impacto económico”, dijo el coronel Montenegro.
En 2018 fueron intervenidas 31 minas en siete operativos. Se destruyeron 25 excavadoras, 21 dragas y 18 motores, todo dentro del plan de intervención a explotaciones mineras ilícitas, según el informe Explotación de oro aluvión, realizado por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito junto con el ministerio de Minas y Energía.
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