Amenazas en caso carrusel

“No robé los $17.000 millones que dicen. Acepté los cargos porque no tengo cómo pagar un abogado por tres o cuatro años, que es lo que dura un juicio”. “Cumplí todos los requisitos legales en el contrato de las ambulancias”. “Cometí un error al recibir el dinero, pero en mi hoja de vida siempre actué de acuerdo con la función pública”. Son algunas de las frases que el exsecretario de Salud de Bogotá Héctor Zambrano resaltó durante una audiencia pública en los juzgados de Paloquemao en la que se definía ayer su condena como partícipe en el llamado carrusel de la contratación. No obstante, la jueza aplazó la lectura de la sentencia para el próximo 14 de marzo.

Algunas de sus afirmaciones generaron desconcierto, pues no se entiende cómo un alto exfuncionario de la administración de Samuel Moreno, que ha salpicado a diestra y siniestra en la Fiscalía a supuestos enlaces del cartel, hoy sostenga que el cuestionado contrato de las ambulancias —por $67 mil millones— se celebró con todos los requisitos legales. Un negocio por el cual el empresario Federico Gaviria, el contratista Emilio Tapia y el exconcejal Hipólito Moreno ya aceptaron que se entregó una comisión del 9%.

El exsecretario y su abogado Pedro Nel Escorcia aseguraron que desde la llegada de Zambrano al búnker de la Fiscalía, cuando se dictó su medida de aseguramiento en abril pasado, fue coaccionado para no declarar lo que sabía sobre el desfalco a Bogotá por cuenta de la mano larga del carrusel. “Fue obligado a dormir en una celda con tres personas que lo vigilaban”, dijo Escorcia, quien agregó que el exsenador Iván Moreno le hizo visitas a su cliente en prisión para recordarle que manejaba el centro de reclusión y que “tuviera mucho cuidado con lo que iba a decir”.

Ante esta situación, el representante de la Procuraduría afirmó que “nada se dijo sobre estas amenazas” en las etapas previas del juicio y cuestionó a la Fiscalía y al juez de garantías por la demora en considerar la protección de Zambrano. El exsecretario insistió en que fue coaccionado por los hermanos Samuel e Iván Moreno para recibir el dinero de las ‘coimas’ en el contrato de las ambulancias. “Existió el cohecho, sí, desafortunadamente me equivoqué”. En síntesis, según lo dicho por Zambrano, éste recibió las comisiones, pero cuando se adjudicó el cuestionado contrato, se cumplieron los requisitos de ley. ¿Puede ser eso posible?

Al margen de la contradicción, según fuentes consultadas por este diario que conocen en detalle cómo se robaron la ciudad, Zambrano poco o nada ha dicho sobre otros frentes del desangre en los que al parecer también tuvo protagonismo. Por ejemplo, aparentes irregularidades en millonarios subsidios para tratamientos de VIH; las mafias que se tomaron la red hospitalaria del Distrito, más allá de la burocracia asignada a ciertos concejales, o lo ocurrido con la EPS Capital Salud, señalado brazo de las andanzas del carrusel.

En todo caso, la justicia le avaló un principio de oportunidad por el delito de peculado por apropiación y un preacuerdo por los cargos de cohecho, celebración indebida de contratos y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Todo ello con la obligación de que se convirtiera en delator de sus antiguos secuaces. Por eso en su marco de colaboración, anticipado por El Espectador en septiembre pasado, se obligó a declarar y a aportar evidencia en contra del exalcalde Samuel Moreno y su hermano Iván Moreno, el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, el expersonero Francisco Rojas y contra 16 concejales y exconcejales más.

La Fiscalía señaló que el exsecretario Zambrano ha cumplido a carta cabal la obligación de confesar lo que anticipó en su marco de colaboración y que sólo se ha probado que cometió irregularidades en el contrato de ambulancias, descartando que hubiera participado en otros frentes del millonario saqueo al Distrito, calculado en un billón de pesos. En marzo próximo se definirá la condena contra el exfuncionario.