Descongestionar las cárceles

La tarea de descongestionar las cárceles, por ende, es farragosa y difícil: no basta, lo hemos dicho, construir centros de reclusión nuevos si al cabo de unos meses no darán abasto. La tarea debe planearse desde lo administrativo del sistema punitivo, pero también desde lo filosófico del sistema penal.

La actitud correcta es, sin duda, atacar esos dos problemas neurálgicos, que mencionaremos de nuevo: las penas altas y la detención preventiva usada como regla. A esto se suma otro problema, que nombraremos de pasada: la ineficacia de la justicia, el elemento que más tienen en cuenta los delincuentes para sentirse seguros a la hora de cometer un crimen.

Ocupémonos hoy del segundo elemento: la detención preventiva aplicada a granel por los jueces colombianos. La medida, pensada como una excepción, como una realidad para tener en cuenta después de haber desechado todas las demás opciones (la detención domiciliaria, el brazalete electrónico, la retención del pasaporte), se aplica a fuerza de obligatoria. Incluso algunas veces la opinión pública la confunde con una sentencia. ¿Y por qué no? Eso de que una persona años presa esperando a que un juez se pronuncie sobre su caso no solamente es indignante, sino también violatorio de la Convención de Ginebra, con la que Colombia está comprometida.

La Cámara de Representantes aprobó el martes de la semana pasada una ley que racionaliza el uso de la medida de aseguramiento. Bien fácil: ninguna persona podrá pasar más de uno o dos años sin que un juez se pronuncie sobre su caso. Un año en el caso de la mayoría de delitos; dos en el de crímenes especializados, como el terrorismo. Desde la sanción del proyecto, que puede darse cualquiera de estos días, la ley entrará en vigor a partir de un año: jueces y fiscales deben estar preparados.

Es una buena ley. Es, sin duda, uno de los avances más grandes que ha podido hacer el Ministerio de Justicia de Yesid Reyes: la forma adecuada de lidiar con la olla a presión que es la congestión carcelaria. Es paradójico, sin embargo, que el Estado deba inventarse una ley para darle cumplimiento a otra (la detención preventiva es una excepción, insistimos), pero a veces es necesario.

Sea esta la oportunidad, también, para presionar por la sanción del proyecto: corre una disposición de la Corte Constitucional del año pasado que permitiría que varios sindicados pudieran salir a la libertad por vencimiento de términos. Que obre la institucionalidad toda, entonces.

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