Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En septiembre de 1996 el capitán (r) José Humberto Rubio se desempeñaba como comandante del Grupo Contra Armados Ilegales de la Dijín. El mayor (r) Héctor Édisson Castro era el segundo al mando y actuaba como jefe del Grupo Antisubversión de esa misma entidad. El 6 y 7 de septiembre de ese año seis guerrilleros fueron asesinados por agentes bajo el mando de estos dos uniformados.
Cuatro de las víctimas, Vladimir Zambrano, Alfonso Mora, Juan Carlos Palacios y Arquímedes Moreno, fueron torturadas, asesinadas con tiros de gracia e incineradas hasta dejarlas irreconocibles. Sus cuerpos fueron hallados en una finca entre Soacha y Mosquera, en Cundinamarca. Por su parte, a Federico Quesada y a Alfonso Valdivieso les dispararon al salir de sus casas, en Bogotá.
Pasados 17 años, el mayor (r) Castro acaba de ser condenado a 40 años de prisión como responsable de estas seis ejecuciones extrajudiciales. En la otra orilla, el Consejo de Estado acaba de ordenar que se indemnice a Rubio Conde por los perjuicios causados al privarlo injustamente de su libertad durante el proceso para esclarecer esta masacre.
El uniformado estuvo preso desde el 2 de junio de 1998 hasta el 3 de junio de 1999. El 29 de junio de ese año fue restituido en su cargo. El 7 de junio de 2001, la Fiscalía archivó la investigación en su contra al no encontrar pruebas de su responsabilidad. Para el momento de los homicidios no estaba en Bogotá y —sostuvo el ente investigador— no por ser el superior tenía que saber todo lo que hacían sus agentes.
En ese momento también se archivó la investigación contra el mayor (r) Castro, ya que, para ese entonces, no se encontraron evidencias en su contra.
Hasta ese momento sus destinos se encontraban. No obstante, el 9 de julio de 2001, el testimonio de un agente, William Nicolás Chitiva, cambió el rumbo del proceso. El testigo declaró que —aunque no participó de estos hechos— conoció a quienes lo hicieron. Agregó que los uniformados, comandados por el mayor (r) Castro, contaban con un infiltrado en las Farc y que fue éste quien les ayudó a secuestrar y luego asesinar a los guerrilleros. Igualmente, sostuvo que los asesinos le contaron que estaban “confiados de que judicialmente no les iba a pasar nada porque habían incinerado a las víctimas para evitar que fueran reconocidas”.
Al parecer, los asesinatos se produjeron con el fin de dar unos resultados a todas luces falsos. A finales de 1995, a la unidad comandada por Castro le ordenaron que diera con el paradero de unos guerrilleros responsables de un atentado perpetrado contra la Estación de Policía de Kennedy en mayo de 1995.
Ante la falta de resultados, los uniformados se dejaron convencer por su informante, Carlos Chaparro, y asesinaron a estas seis personas, aunque, al parecer, sólo una de ellas tuvo que ver con el atentado. Las declaraciones de Chitiva —asesinado posteriormente— fueron determinantes para que la justicia condenara a los agentes José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez Díaz y Carlos Ferlein Alfonso Pineda a 40 años de prisión y reabriera el caso contra Castro y al final éste fuera condenado.
Por su parte, la investigación contra Rubio se mantuvo cerrada y, en 2003, el uniformado y sus familiares demandaron al Estado por el tiempo que estuvo preso. El Consejo de Estado estuvo de acuerdo con las pretensiones de la demanda y, ahora, Rubio va a ser indemnizado mientras al que fuera su segundo al mando le esperan años preso.
Conoce más