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Dos de los protagonistas del descalabro de Interbolsa, el expresidente de esa firma Rodrigo Jaramillo y el empresario Alessandro Corridori fueron cobijados con la medida de aseguramiento por orden de la jueza 64 de control de garantías de Bogotá, quien consideró que ellos constituían un peligro para la sociedad. Corridori fue enviado a la cárcel mientras que Jaramillo fue cobijado con la detención domiciliaria.
De acuerdo con la jueza del caso, las irregularidades en las que al parecer incurrieron pusieron en “peligro el orden económico y social, ligados al orden público”, y “afectaron los derechos de otras personas”.
La funcionaria sostuvo que Jaramillo y Corridori conocían el mercado de valores y utilizaron ese conocimiento para afectar el patrimonio de miles de personas que confiaron en el sistema financiero, además que por ello, y para restablecer la confianza en el sistema, era justo que Jaramillo y Corridori fueran asegurados. “El derecho a la libertad debe ceder ante el interés colectivo”, dijo la jueza.
También fueron enviados a prisión Carlos Arturo Neira, representante legal de P&P Investment , Javier Tomás Villadiego Cortina, director del comité de riesgos, y Claudia Jaramillo, esposa de Corridori. Por su parte, María Eugenia Jaramillo, inversionista y cuñada de Corridori, fue cobijada con la casa por cárcel por ser madre cabeza de familia y no tener con quién dejar a sus hijos.
Otros cuatro procesados, Jorge Mauricio Infante, representante legal de la sociedad Administradora Inversiones (SAI), y los hermanos Luz Andrea y Eduardo Adolfo Colmenares, representante legal y médico fundador de la clínica La Candelaria (respectivamente), fueron dejados en libertad, lo que no implica que sean apartados del proceso. Hoy a las 8 de la mañana se define la suerte de las apelaciones presentadas por otros de los procesados en este caso.
Las maniobras irregularesLas autoridades aseguran que con estas maniobras irregulares se perdieron $340 mil millones de cientos de clientes de Interbolsa, cuyos dineros fueron usados, al parecer, para la compra masiva de repos —es decir, un préstamo entre personas naturales o jurídicas, en el que el deudor entrega como garantía acciones de su propiedad— de Fabricato con el fin de inflar el valor de la acción de esta empresa y luego venderla, beneficiando al principal accionista de la misma: Alessandro Corridori.
Para adquirir estos repos, Interbolsa recurrió a préstamos que después no fue capaz de pagar, lo que aceleró su descalabro. “Se otorgaron cupos de endeudamiento sin que se realizaran controles a la documentación y a los inversionistas a los que se les otorgaba el beneficio, lo que llevó a la compañía a una situación de iliquidez”, aseguró la jueza.
De la misma forma, se recurrieron a cuestionadas triangulaciones con entidades como la clínica La Candelaria y a los recursos de sus inversores, captados, al parecer, de forma fraudulenta a través de un fondo creado en Curazao y conocido como el Fondo Premium. No por otra razón, en su momento, el procurador Alejandro Ordóñez calificó como una pirámide de estrato seis lo sucedido con Interbolsa.
La jueza resumió el caso de la siguiente manera: “Los imputados decidieron apostarle a un negocio ilícito y con el tiempo querían hacerse dueños de las acciones de Fabricato” a punta de maniobras fraudulentas. Por ello, el pasado 11 de noviembre, la Fiscalía les imputó los cargos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas por accionistas o asociados y concierto para delinquir.
El pasado 29 de noviembre, Rodrigo Jaramillo se convirtió en el primero de los procesados en aceptar —parcialmente— su responsabilidad en estos hechos al declararse responsable por los cargos de manipulación fraudulenta de especies y administración desleal. Por ahora, el proceso continúa y, mientras tanto, la Fiscalía sigue desatando los cabos del mayor escándalo económico de los últimos años.
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