“Intervención de la Procuraduría General en procesos penales debe suprimirse”

Para la Corporación en las diligencias judiciales existen representantes de la parte civil y de los procesados, así como la Fiscalía y jueces de garantías y de conocimiento, por lo que no entiende la necedidad de contar con un delegado del Ministerio Público.

En este sentido consideraron que el papel del órgano de control disciplinario es “demasiado amplio” puesto que tiene la potestad de defender al mismo tiempo los derechos del imputado, de las víctimas, y de la sociedad.

“Si existe la Fiscalía, los jueces de Garantías y la Defensa Pública ¿por qué se necesita la participación de la Procuraduría en el proceso penal?”, precisa uno de los apartes de la comunicación al señalar que no es clara la independencia y posición garantista de la Procuraduría.

Al hacer un análisis concluyen que en este tipo de audiencias el papel del delegado de la Procuraduría no es fundamental y contrariamente afecta una agilidad procesal ya que en muchos casos se critica la posición de la Fiscalía General de imputar cargos y realizar otras acciones.

“El hecho de que el Ministerio Público pueda insistir a lo largo del proceso en hacer valer unos puntos de vista diversos de los de la Fiscalía o la misma defensa (eso sería una característica de su autonomía dentro del proceso), puede llevar en la práctica a que a través de sus solicitudes de pruebas, de su participación en la práctica de las mismas o de su intervención en la audiencia de juzgamiento terminen entorpeciendo la actividad de unos fiscales o Defensores que han construido su teoría del caso”, precisa la Corporación.

Finalmente se indica que es menester hacer una reforma de fondo en este sentido, señalando que los delegados de la Procuraduría en los procesos penales podrían ser transferidos a la planta de la Fiscalía General mejorando así la administración de justicia ya que se registra una congestión en el ente investigador debido al gran número de procesos.