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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior solicitó la apertura de investigaciones penales y disciplinarias a un grupo de funcionarios públicos por la formación e incursión de grupos paramilitares en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán en el departamento del Meta.
La orden fue dirigida a la Fiscalía y a la Procuraduría General y busca establecer si se presentaron omisiones en sus funciones frente al accionar de dicho grupo armado ilegal en el departamento, quienes habrían incurrido en homicidios, desapariciones forzadas, torturas y reclutamiento de menores.
La solicitud del Tribunal se basa en las declaraciones entregadas por paramilitares desmovilizados y otros funcionarios que relacionaron a miembros del Ejército y la Policía, así como alcaldes, concejales y servidores públicos, entre otros, por su relación con las AUC.
En el caso de la investigación fiscal (Contraloría General) se busca determinar si colaboraron con la financiación de los Bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia o se beneficiaron económicamente de los mismos.
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